EL MUNDO 05/03/14
· Acusa a Rajoy de realizar una reforma de la Constitución «por la puerta de atrás».
La Generalitat quiere dar la batalla en todos y cada uno de los intentos del Gobierno por laminar su autonomía. Con ese objetivo, el Govern anunció ayer que interpondrá cuatro nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar cuatro leyes elaboradas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy desde su llegada a Moncloa. El Gabinete catalán apunta directamente a la ley de reforma de la Administración local, la ley Wert de educación, la Ley de Garantía de Unidad del Mercado y la Ley de Evaluación Ambiental.
Los recursos anunciados ayer, que hacía meses que se barruntaban como ariete de la Generalitat, cuentan con el respaldo de sendos informes del Consell de Garanties Estatutàries, órgano de la Generalitat que vela por el cumplimiento del Estatut. Dicho ente señala en todos sus análisis que las cuatro leyes vulnerarían competencias exclusivas de la Generalitat y que incluso incumplirían parte de la doctrina dictada desde el mismo Tribunal Constitucional.
No obstante, el portavoz del Govern, Francesc Homs, fue ayer mucho más allá de los análisis técnicos y atribuyó a las leyes del Gobierno el único objetivo de «despojar» a la Generalitat de atribuciones en los ámbitos institucionales, lingüísticos, económicos y medioambientales. Una ofensiva que en rueda de prensa tachó de «grave» y «creciente», situando los recursos ante el Constitucional como dique de resistencia ante el supuesto afán centralizador del Gobierno central.
El también conseller de Presidencia de la Generalitat dijo que las cuatro leyes contra las que se presentarán los recursos ocultan «una reforma constitucional encubierta». Para Homs, se trata de una ofensiva del Gobierno para modificar la Carta Magna «por la puerta de atrás», a pesar de que desde el Ejecutivo central y desde el PP siempre se han mostrado inmovilistas en torno a su modificación, sobre todo para frenar las reivindicaciones soberanistas de Cataluña. «Los que tanto se llenan la boca hablando de la Constitución deberían ser honestos y aplicar el programa de transformación de una forma transparente», dijo Homs, quien tachó la estrategia del Gobierno de «cínica».
Los informes con los que cuenta la Generalitat apuntan a aspectos específicos de las cuatro leyes. Así, en cuanto a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, creen que invade competencias de la Generalitat en materia de función pública, organización territorial, autoorganización del régimen jurídico de las administraciones públicas y régimen local. Además, afectaría de lleno a la autonomía financiera de la Generalitat.
El recurso contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la ley Wert, se sostiene esencialmente en que se trata de «una oposición frontal» al actual sistema lingüístico en las escuelas catalanas, según el cual no se puede separar a los alumnos dependiendo del tipo de lengua. Además, consideran que también se estaría vulnerando tanto la propia Constitución como el Estatut y parte de la doctrina del Constitucional en torno al modelo de inmersión lingüística.
La Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en 2013 con el único apoyo del PP y la paradójica abstención de CiU, también contará con su respectivo recurso. En esta ocasión, al entender la Generalitat que no dejaría margen para poder ejercer sus competencias y vetar su potestad para establecer normas adicionales. Finalmente, la Ley de Unidad de Mercado será recurrida ante el Constitucional al considerar que su aplicación en Cataluña vulneraría el Estatut y la capacidad de la Generalitat para tomar decisiones en los sectores económicos. La Junta de Andalucía también anunció ayer un recurso contra esta ley.
EL MUNDO 05/03/14