Llevamos semanas, meses, años, décadas… embarullados con el problema catalán. En mi humilde opinión, la razón que explica la falta de una solución definitiva consiste en que debatimos sobre una espesa mezcla de sentimientos personales y conceptos abstractos de muy difícil concreción. Hablamos del Estado plurinacional, de la nación de naciones, del Estado multinivel, de la nación foral, etc. Si pide a diez constitucionalistas que le definan tan altos conceptos obtendrá diez respuestas diferentes. Once, si entre ellos se encuentra Conde Pumpido, (la suya y la ordenada). Supongo que fue algo de eso lo que le llevó a Ortega y Gasset a decir que «el problema catalán… es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar». Durante muchos años pensé que el maestro tenía razón. Sin embargo ahora estoy convencido de que estaba equivocado o que, al menos, lo estaría ahora si ratificara sus pesimistas palabras.

Muy al contrario, estoy seguro de que tiene solución y, además, que ésta es muy sencilla. ¿Sorprendido? Si me sigue un rato se la cuento. A ver, bastaría con darles la razón en todo y por su orden. ¿Quieren la amnistía? Pues allá va. ¿Quieren la autodeterminación? Pues allá va la independencia. Ya está, solucionado. Habría que sortear antes algunos pequeños detalles, como el artículo 2 de la Constitución, que coloca la soberanía nacional en manos del pueblo –de todo el pueblo–; o el artículo 8, que deposita en el Ejército la obligación de garantizar la soberanía y la integridad territorial, pero eso se lo podemos encargar a Pedro Sánchez que es un maestro acreditado a la hora de leer de distinta manera lo que está escrito igual para todos.

Quedarían solo otro par de cuestiones menores. Una aparece en todas las separaciones, ya sean conyugales o mercantiles. Si tienes acumulados bienes compartidos debes proceder a un reparto de activos y pasivos. Está claro que la república catalana se quedará con todo, con las grandes infraestructuras como los puertos y los aeropuertos, los edificios públicos y las carreteras y ferrocarriles del Estado, etc. De acuerdo, pero, ¿qué hacemos con los pasivos, cómo los repartimos? Ya que mayoritariamente se trata de pasivos de naturaleza económica sería lógico repartirlos en base a los PIB relativos. El Estado debe ‘algo’ de dinero, un poco más de 1,5 billones de euros y como Cataluña supone algo así como el 18% del PIB, la nueva República tendría que asumir algo más de un cuarto de billón de la deuda común que se añadiría a la suya propia, que en 2022 era de 84.327 millones, de los que 71.306 los debían al Estado español. Sume ambas y verá como la República nacería con un pasivo inasumible e imposible de financiar.

El otro ‘asuntillo’ es el de las pensiones. Usted sabe bien que en España no seguimos el sistema de capitalización, en el que cada cual se financia con sus cotizaciones actuales –más o menos–, su pensión futura. Aquí ‘repartimos’ y cada cotizante actual paga las pensiones actuales. De tal manera que todo lo que han pagado los trabajadores catalanes, hasta el día de la independencia, habrá sido empleado en sostener las pensiones de los españoles (también de los catalanes, mientras lo sean). Así que, a partir de ese día, las pensiones de los catalanes las tendrían que pagar los cotizantes catalanes.

¿Cómo son las cuentas? Pues en 2022 arrojaron un déficit de 4.882 millones, que se habrá incrementado sensiblemente en 2023 a causa de la revalorización acordada y del incremento de la pensión media de los nuevos pensionistas. En el mes de mayo, el déficit del sistema global ya había alcanzado el 75% del registrado el año anterior, así que puede calcular cual va a ser a finales de ejercicio. ¿Es mucho dinero? Depende de para quién. Como comparación supone más del 50% del gasto en Sanidad y casi el 80% del gasto en educación. Bueno, pues una vez solucionados estos pequeños ‘asuntillos’, tan solo quedaría por conseguir que, los ‘despechados’ españoles aceptaran no boicotear la entrada de la nueva República en la UE y en los organismos internacionales de los que forman parte, por ser ‘parte’ previa del Estado español. De eso se pueden encargar los políticos ‘indepes’ que permanentemente envían mensajes de cariño al resto.

Bueno, pues todo arreglado. ¿Ve con qué facilidad hemos solucionado el problema? Por eso, en vez de preguntar a los catalanes en un referéndum si desean la independencia, yo les preguntaría si quieren cobrar su pensión del nuevo sistema catalán. Eso no es anticonstitucional, ¿No? Y aclararía el panorama. Me encantaría conocer los porcentajes.