Esta cifra es lo que requiere con urgencia el Gobierno de Puigdemont desde ahora y hasta el 30 de septiembre a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según la estimación oficial del Ministerio de Hacienda. Fuentes del Departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguran a EL MUNDO que una primera entrega de los citados 1.760 millones será inyectada esta misma semana o el próximo lunes a más tardar para evitar impagos a los proveedores de la Generalitat.
En lo que va de año, el FLA ha concedido préstamos al Ejecutivo independentista por valor de 3.547 millones, pero necesita otros 3.800 antes de final de año, de los cuales cerca del 50% deben entregarse antes de la fecha señalada del 1-O. En total, según una presentación del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, espera recibir este año cerca de 7.350 millones del fondo de rescate estatal. De ellos, el grueso, cerca de 6.000 millones, son para atender vencimientos de deuda, mientras que más de 1.300 millones son para financiar el déficit y el pago a proveedores previsto para 2017.
La inyección esta misma semana tendrá lugar a pesar de la tensión política con la Generalitat, según garantizan en el Ministerio de Hacienda, por ser prioritario que continúe el normal funcionamiento de lo servicios públicos en Cataluña.
En Hacienda aseguran que el nuevo desembolso no está condicionado al reciente acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Este acuerdo exige a la Generalitat que facilite este miércoles la lista de funcionarios con poder contable y los primeros certificados semanales de que no se ha producido ningún gasto para financiar la organización del referéndum.
Además, Hacienda ha dado 24 horas a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros a preparar el 1-O.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió ayer una carta a la interventora general de la Generalitat en la que pide explicaciones y recuerda que afronta responsabilidades administrativas o penales si no contesta. Se trata de la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío, detectado el pasado 13 de julio.
En esta nueva carta, y tras exponer el acuerdo del pasado viernes de la Comisión Delegada del Gobierno, Fernández de Moya no amenaza con cortar la financiación, pero sí advierte que la información «se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos».
Fuentes de la Generalitat aseguraron a Efe que la interventora ha respondido que se trata de un gasto recurrente en un contrato de mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales que implica al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. «No tiene que ver con el referéndum», dicen en el Govern.