ABC 16/07/15
· El pacto entre Mas y Junqueras establece la independencia como meta en medio año
A la independencia, y por la vía rápida. El pacto entre Convergència Democràtica (CDC) y Esquerra Republicana (ERC), de resultar ganador en los comicios del 27-S, contempla un periodo de «desconexión legal» de Cataluña de España de entre seis y ocho meses, momento a partir del cual se produciría lo que definen como el «punto de ruptura». Tal y como informó ABC en su edición de ayer, el acuerdo para presentar una lista única soberanista a los próximos comicios no se limita a aspectos electorales, si no que implica de hecho una aceleración en los plazos del «proceso» y un programa detallado para proceder a la «desconexión».
Si hasta ahora la llamada «hoja de ruta» pactada en marzo entre ambas formaciones contemplaba un horizonte de 18 meses para lograr la independencia, el nuevo acuerdo adelanta un año esta realidad, una previsión que se hace, obviamente, planteando una quiebra premeditada de la legalidad. El nuevo horizonte de entre seis y ocho meses es el que los negociadores de CDC y ERC, junto a las entidades soberanistas, estiman que se alcanzará cuando la presión «legal» –vía Tribunal Constitucional–, pero también «económica» del Estado, se haga insostenible. Ambos partidos han asumido que el «punto de ruptura», en ese momento, pasaría por llevar hasta el final la actitud de desobediencia. Por ahora no se especifica ni se detalla de qué manera se haría efectiva o se ejercería luego esa secesión. Antes que eso, y al inicio del proceso, al día siguiente de las elecciones en caso de mayoría soberanista, se realizaría en el Parlament una suerte de «declaración de voluntad» de independencia.
El acuerdo sí contempla la construcción de una suerte de andamiaje legal destinado a suplir el ordenamiento jurídico español. Entre las medidas contempladas está precisamente la aprobación de una ley de «transitoriedad jurídica» para mantener la legalidad «española» en aquellos campos en el que el Parlamento catalán todavía no haya legislado. Durante el plazo citado de entre seis y ocho meses, el nuevo gobierno soberanista prevé sacar adelante «estructuras de estado» básicas como la Agencia Tributaria de Cataluña o la Seguridad Social, algo que de hecho ya se ha intentado, aunque topando con el Tribunal Constitucional, que tras el recurso del Gobierno a la ley de Acompañamiento de los últimos presupuestos de la Generalitat, las tumbó.
Desobediencia
Definitivamente, y a falta de conocer hasta qué punto el nuevo gobierno y parlamento que surja de las urnas está dispuesto a optar por el camino de la desobediencia, el soberanismo se asoma al abismo. La sensación de que el secesionismo ha entrado de nuevo en fase de aceleración llevó ayer de nuevo a pronunciarse a una de las voces que de manera más rotunda se oponen a la independencia, la del presidente de la Cámara de España y de Freixenet, José Luis Bonet. Desde la prudencia, Bonet cree que no habrá «descarrilamientos», no contemplando una independencia que, a su juicio, «sería un desastre para Cataluña, España y Europa».
En este contexto, ayer se conocieron más detalles de la lista única soberanista –acogida con recelo en parte de la militancia de ERC por lo quetiene de sometimiento a CDC– y que encabezaría el ex eurodiputado de Iniciativa per Cataluña Raül Romeva. El movimiento se interpreta como un intento de ampliar por el flanco social un independentismo que ve como ERC es pareja de baile de CDC, y a su izquierda está cuajando una alianza de izquierdas –Podemos más ICV– que según las encuestas estaría en disposición de ganar las elecciones.
El Gobierno de la Nación asiste con absoluta serenidad y seguridad a toda esta ofensiva de ocurrencias independentistas. En el mismo tono que ha mantenido hasta ahora, desde que Artur Mas optó por el camino más radical, la respuesta ayer volvió a ser de