Tonia Etxarri-El Correo
La politización del juicio del ‘procés’ que intentaron los acusados durante su momento de gloria, corrió ayer a cargo de sus abogados defensores. Con poca fortuna. Porque, en el turno de los testigos, cambiaron las tornas. Los dos representantes de la CUP que intentaron montar una escena al negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular, como era su obligación, terminaron expulsados de la Sala. El impasible y paciente presidente, que había dejado explayarse sin límite a los acusados, ató ayer en corto a los letrados. No solo a Francesc Homs corrigiendo sus múltiples errores de procedimiento. A todo aquel que intentó salirse por la tangente, pretendiendo desvirtuar el juicio penal en una causa política. Manuel Marchena no pasó ni una. Ni a los defensores de los acusados, ni a la acusación popular ni a la propia Fiscalía. El juicio entraba ayer en su fase decisiva, con el inicio del desfile de los 500 testigos que no pueden faltar a la verdad. Y el juez no estaba dispuesto a que la causa se convirtiera en un juicio político. Había dejado, en días anteriores, la portería sin defensa para que los acusados se desahogaran en sus alegatos.
Pero, en esta fase de la causa, no parece dispuesto a dejarse colar ni un solo gol. ¡Centrémonos!, venía a decir cada vez que alguien recurría a la politización de la sesión. Sus frecuentes llamadas al orden fueron tan insistentes que recordó, en muchas ocasiones, al presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido durante los debates del Brexit. Con menos vehemencia que John Bercow cuando vociferaba su «order!», que terminó siendo viral en las redes sociales, pero con similar insistencia. Fue implacable. Sin contemplaciones. No estaba dispuesto a que el rumbo se desviara. Su insistencia en que los interrogatorios se ciñeran a los hechos consiguió que los letrados , en algunas preguntas, mejoraran el producto. Rajoy dejó su máxima sobre la mesa: la soberanía española no se negocia. Y él no aceptó mediadores. Ya veremos qué dice hoy el lehendakari Urkullu.
Pero, ¿qué sentido tenía emitir juicios de valor? ¿O preguntar si el Gobierno de Rajoy hizo, o no, «autocrítica»? ¿Sacar a colación la derogación de la ley del servicio militar obligatorio? No se estaba juzgando a los testigos, aunque a veces lo parecía según la orientación de algunas preguntas de los letrados que el propio juez Marchena cortaba de cuajo. A veces, recordaba al parlamentario inglés, pero otras parecía un intérprete cuando parecía que los testigos no entendían a sus interrogadores. De vez en cuando, se transformaba en árbitro de lucha libre, para que los letrados no entraran a debatir con los testigos. Y otras tantas, dando lecciones de procedimiento procesal a sus colegas. Porque la defensa de los políticos independentistas intentaron cambiar la condición de Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy. De testigos a acusados. Con preguntas cargadas de intención.
Encaminadas a culpar al Gobierno de las escenas de violencia que se produjeron el día 1 de octubre de 2017, cuando muchos ciudadanos ocuparon los colegios elegidos para la votación ilegal. No se atenían a los hechos. «Pregunten de otra manera», les conminaba el presidente de la Sala. Pero con lo que no contaba Marchena era con tener que expulsar a dos testigos de la CUP por negarse a contestar a preguntas de la acusación popular. Era su obligación. Pero los antisistema entienden poco de normas. Y mucho menos de estrategia electoral. Ayer, con su numerito, le hicieron parte de la campaña a Vox.