CARLOS SEGOVIA – EL MUNDO – 23/07/17
· Los funcionarios catalanes que fallen serán denunciados y perderán dinero.
· El Gobierno ha decidido intentar desactivar el referéndum amenazando con la Fiscalía o, como mínimo, con pagar de su bolsillo a las decenas de funcionarios con poder contable que puedan participar.
Con ese objetivo, el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos publicado en el Boletín Oficial del Estado va aún más allá de lo anunciado en la víspera por el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, y el Ministerio de Hacienda, al exigir un listado para el miércoles de todo el aparato económico catalán con nombres y apellidos con vistas a ir a por ellos si se desmandan. La medida sirve para intimidarlos y también, no hay que olvidar, para contrarrestar la presión que puedan recibir de sus superiores independentistas para prevaricar. No deja de ser llamativo que lo más inmediato que quiere el Gobierno es este listado del aparato contable catalán y de sus jefes, según consta en el BOE. La orden la firma la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la propuesta de la medida es del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
«El interventor general de la Comunidad Autónoma remitirá el 26 de julio de 2017 un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como los nombres de los máximos responsables de las mismas, y el listado de los responsables enumerados en las letras a) a la d) de este apartado», establece el Gobierno. Estos últimos responsables son «los interventores de las respectivas consejerías y entidades»; «los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas que realicen función interventora integradas o no en los Presupuestos de la Generalitat», y también el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Cada uno de ellos deberá firmar el certificado semanal de que «no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum referido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017». La que rechaza que se financie con dinero público la consulta.
Es decir, que si mienten, habrán dejado prueba escrita en Madrid que pueda ser atacable penalmente o ante el Tribunal de Cuentas. La decisión prevé que «la información recabada se traslade a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales». Eso implica denunciarlos a la Fiscalía si hay materia penal, o al Tribunal de Cuentas, si el Gobierno entiende que los funcionarios han podido incurrir en responsabilidad contable y deben devolver el dinero de su propio patrimonio.
¿En qué casos serán denunciados los funcionarios? Lo previsto por el Gobierno es duro, porque las consecuencias no son sólo para los que mientan, sino incluso a los que remoloneen a la hora de cumplimentar los certificados. «A estos efectos, se entenderá, al menos, por incumplimiento de las obligaciones previstas en este Acuerdo, el incumplimiento de los plazos establecidos, que no resulte correcto el contenido de la información, la falta de idoneidad de los datos requeridos o que no se cumpla con el modo de envío de la información previsto en el presente Acuerdo». No podrán fallar ni por error.
La intimidación a la actual interventora general de Cataluña, Rosa Vidal, es aún mayor. Deberá vigilar al resto y avisar al Ministerio si ha detectado alguna mentira en lo que firman. Vidal fue nombrada para el cargo por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y está considerada de su confianza.
CARLOS SEGOVIA – EL MUNDO – 23/07/17