NICOLÁS REDONDO TERREROS, EL ECONOMISTA 20/07/13
· Empiezan las vacaciones, termina el curso político y creo que nadie con dos dedos de frente se irá tranquilo, aún menos los protagonistas de la vida pública nacional, viendo el panorama que durante el mes de agosto parece desaparecer y que, sin embargo, nos amenaza con su regreso a la vuelta del descanso estival. Me debato entre el pesimismo que me impone lo que veo y la necesidad intelectual de encontrar soluciones que el griterío del gallinero nacional y el embarramiento de la política impiden.
El denominado caso Bárcenas tiene aprisionado al partido del Gobierno y afecte o no jurídicamente a los diferentes dirigentes populares, su efecto político sobre la ciudadanía ya es demoledor. Aun reconociendo que la estabilidad política en momentos de crisis económica es un bien significativamente apreciable, veremos un incremento considerable del debilitamiento de las instituciones y un incremento notable del ensimismamiento de los dirigentes públicos, dedicados a combatir con saña al adversario, olvidando trágicamente en estos momentos las causas profundas del indeseable presente que vivimos, ennegrecido y sin esperanza .
Poco me interesa la casuística del proceso a Luis Bárcenas y sus repercusiones concretas en determinados personajes de la vida pública. Dejo para otros las discusiones de taberna -hace pocos días asistí en un restaurante popular y entrañable a la discusión enconada entre los comensales de una mesa vecina y me sorprendió su semejanza con la de reconocidos periodistas en debates de diferente laya. El problema que tenemos en España es justamente esa similitud o, dicho de manera distinta, la palpable incapacidad de la dirigencia española, con notables y escasas excepciones, para superar el nivel tabernario- y me centro en las causas y las consecuencias de la cuestión, dejando al juez Ruz, tal vez la única imagen respetable y respetada de todo el tinglado con su severa y tímida lejanía, hacer su difícil trabajo.
No teniendo por qué ser ciertas ni relevantes jurídicamente todas las deposiciones del señor Bárcenas, cuenta este señor sin embargo con el crédito de elaborar el único relato global coherente, consistente y con visos de verosimilitud. Si decidimos poner en entredicho la declaración general nos encontraríamos con una persona que durante más de dos décadas ha estado, sigilosa y pacientemente conformando pruebas falsas contra sus compañeros y amigos.
Ni siquiera Russell Philby y su Círculo de Espías de Cambridge, que durante años pasaron secretos occidentales a la URSS, fueron tan perseverantes, tan precavidos, tan cautelosos. Por lo tanto es de suponer que nos encontramos inevitablemente con la financiación anormal de un partido político. Esta triste realidad, comentada en otros artículos, unida a los casos de financiación anómala actuales y a los que golpearon duramente en el pasado a otros -aprovechado en su momento con la misma intensidad, ahora sabemos que también con una gran dosis de cinismo a cuestas, por el partido sujeto a sospechas hoy, lo que me ha hecho decir en alguna ocasión que los partidos políticos se comportan como tiburones ante la sangre cuando la cuestión afecta al contrario-, nos plantea el problema verdadero o el origen principal: el predominio de las formaciones políticas sobre las instituciones en España las ha convertido en maquinarias muy costosas que se expanden por la vida pública sin control alguno.
Esta infernal dinámica puede situar en el centro de la sospecha a personas honestas, cabales, a las que su compromiso les ha llevado a dedicar su vida a la política, pero también a depender de malandrines que encuentran en la vida pública una forma rápida de hacer fortuna. Es el caso de Rajoy, como antes lo fue de otros quemados en verdaderos autos de fe del siglo XXI por quienes hoy se rasgan las vestiduras con grandilocuencia impostada. La cuestión no es personal o de facción, es de carácter general y la Ley de Transparencia será un nuevo freno a estas prácticas, pero no suficiente. Los partidos tienen que aligerar su papel en la vida pública y sus estructuras, que deben ser más livianas, no pueden conformarse como castillos cerrados, inexpugnables, desde los que conquistar la sociedad civil. Deben adaptar sus estructuras decimonónicas y su vocación totalizadora a los nuevos tiempos y para conseguirlo la Ley Electoral debe dar un mayor protagonismo a las personas en detrimento de las siglas, obligadas a un papel importante pero menor.
De las causas y las soluciones deben debatir los políticos, esperando a las responsabilidades jurídicas con respeto y sin apasionamiento apresurado, compatible con el noble y desconocido ejercicio de la dimisión sin dramatismo. Por esto mismo desconfío del voto de censura propuesto por la oposición, aunque comparta la necesidad de pedir explicaciones al presidente del Gobierno, porque provocará un guirigay alejado de las inquietudes ciudadanas y no propondrá, como impone el espíritu de los votos de censura constructivos, un programa alternativo, además de no conseguir el otro requisito, el de sustituir al presidente. No se hace un buen servicio al sistema cuando se manipula radical y torpemente el sentido de las leyes, aunque el objetivo sea encomiable. Si el lector ha tenido la voluntad de llegar hasta el final de este artículo, comprobará que a este paso terminaré con escasos amigos al criticar a unos y a otros, pero no crea que lo hago por quedar por encima, au dessus de la mêlée, lo hago porque no renuncio a que todo y todos podamos mejorar.
Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad.
NICOLÁS REDONDO TERREROS, EL ECONOMISTA 20/07/13