Pero el presidente ha vuelto de sus vacaciones en La Mareta descansado, bronceado y decidido a rectificar (a la fuerza ahorcan), asumir el mando único y pedir ayuda a Europa. Justo lo que el mandatario ceutí le lleva pidiendo que haga desde el 30 de julio, cuando ochenta mil inmigrantes ilegales cruzaron a nado la frontera desde Marruecos provocando una emergencia asistencial, sanitaria y de orden público.

Sánchez convocó ayer al Consejo de Seguridad Nacional para abordar una crisis que su Gobierno lleva 26 días gestionando ‘como pollo sin cabeza’, a base de engaños, parches e improvisaciones.

Durante casi un mes este ha hablado con demasiadas voces, diciendo una cosa y la contraria. El propio presidente calificó lo sucedido de «violación de la integridad territorial» para atribuir después la movilización de casi cien mil personas a las mafias. Marlaska habló de retornos voluntarios y dijo que los inmigrantes se habrían marchado al día siguiente por donde habían entrado al no recibir ni el sustento básico. Mientras el responsable de Exteriores aseguró que «todos» los que hubieran entrado ilegalmente en Ceuta serían devueltos a Marruecos. Pero, en días posteriores, otras ministras y ministros volvieron a poner el acento en la obligación legal de prestar refugio y asilo a los más vulnerables, acusaron al PP de comprar el discurso de Vox y hasta se atrevieron a acusar a los ceutíes de xenofobia y a reprochar al bueno de Vivas que se «hiciera un Mazón» por no asumir unas competencias que no tiene para subsanar una situación que el propio Ejecutivo central no vio venir —pese a que la ministra Robles insiste en que el CNI sí lo advirtió desmintiendo a Marlaska— ni ha querido resolver con los medios y la diligencia debidos.

Incapaz de responder a la pregunta de qué clase de política migratoria es aquella en la que la seguridad de una frontera española depende enteramente de la voluntad del país vecino, Sánchez ha preferido enzarzarse en una absurda disputa diplomática con Meloni que llamar a consultas al embajador de Marruecos, país al que agradece «su colaboración», pese a su reiterado desafío a la soberanía de Ceuta y Melilla a sabiendas de que, si bien cooperar con Rabat es deseable, convertir al régimen alauí en el guardián de la frontera del Tarajal plantea un serio problema de seguridad y control del flujo migratorio.

La pésima gestión de esta crisis ha sido tan palmaria que el gobierno ya habla abiertamente de la necesidad de reformar la Ley de Extranjería para adaptarla al pacto migratorio europeo, acelerar las devoluciones e impedir así el efecto llamada para evitar una nueva entrada masiva de inmigrantes. Cuestiones que ya no se atreve a formular solo la derecha sino también algunos votantes de izquierdas que parecen haber entendido al fin que hasta la solidaridad necesita reglas y que una política migratoria seria no consiste únicamente en abrir la puerta sino en saber quiénes y cuántos entran por ella y con qué intenciones; disponiendo de los medios necesarios para garantizar una acogida digna y respetuosa de los derechos humanos que no penalice a los nacionales.