- La sociedad civil es la que tiene el derecho y la obligación moral de rechazar a un Gobierno irresponsable que se está esforzando mucho más en ocultar sus culpas de lo que lo hizo para prevenir la invasión
Cuando uno se decide a dar su opinión en público sabe que se expone a recibir descalificaciones, insultos y hasta, en ocasiones, veladas amenazas. También, por supuesto, mensajes de aliento y, de cuando en cuando, algún buen consejo que debería esforzarme más en seguir. Con todo, el espacio que los medios dedican a las opiniones de los lectores tiene un papel que va más allá de satisfacer mi ego, alegrar la vida de mi mujer –que sonríe cuando algún lector me pone en mi sitio—– o garantizar el derecho del lector al pataleo o el aplauso. ¿Cuál es ese papel? El de ayudar a los que creemos tener un mensaje que dar a la ciudadanía a centrarnos en las inquietudes reales de los lectores.
Gracias a la nutrida sección de comentarios del canal YouTube de El Debate, sé que hay un porcentaje estimable de personas que, angustiados con lo que ocurre en Ceuta, se sienten decepcionados con las Fuerzas Armadas. Lo respeto, claro, pero me sorprende que, después de casi cinco décadas, todavía haya quien cite el Artículo 8.1 de la Constitución –«Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional»– como si esa misión excluyera a los militares del ámbito de aplicación del artículo 1.2, que dice que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».
El Ejército, en la democracia española como en todas las de nuestro entorno, es una herramienta de la sociedad, no su tutor. El artículo 8.1 define el ámbito de empleo de esa herramienta, y su contenido es muy relevante porque, en otras naciones, las leyes prohíben el empleo de las Fuerzas Armadas dentro de su propio territorio, precisamente para evitar las tentaciones que sufren hoy algunos de nuestros conciudadanos. Nuestra Constitución es más permisiva en ese sentido, pero no le da a los militares españoles autonomía para decidir por sí mismos ni en la defensa contra un enemigo exterior –corresponde al Rey, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz– ni para resolver los problemas domésticos declarando el estado de excepción, potestad que corresponde al Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.
La inacción del actual Gobierno ante el ataque híbrido del reino de Marruecos nos pone otra vez ante la tentación, pero devolver al Ejército el papel de «poder fáctico» que tuvo durante muchas décadas de nuestra historia es una mala idea. En primer lugar, porque el pasado no invita al optimismo. ¿Qué es exactamente lo que podríamos echar de menos? ¿Los pronunciamientos decimonónicos? ¿El golpe del brigadier Topete que destronó a Isabel II y trajo la Primera República? ¿La dictadura de Primo de Rivera que desprestigió a la monarquía y, por el principio del péndulo, acabó trayendo la Segunda República? ¿La Guerra Civil? ¿El golpe de Tejero?
Los militares, ya ve el lector, no tenemos tanto de que presumir. Pero, por si los precedentes no fueran suficientes, el lector nostálgico debería recordar que cualquier papel que pusiera a los españoles de a pie –a usted, amable lector– bajo la supervisión del Ejército –de gente como yo, a quien quizá ahora esté usted mirando con recelo– iría en detrimento de la capacidad militar que España necesita para defenderse. En Rusia y en Irán podemos encontrar buenos ejemplos de lo mal que combaten los poderes fácticos. Con todo, no es eso lo peor. Lo verdaderamente grave es que la politización del Ejército inevitablemente degradaría los valores que caracterizan a la Institución militar. Si la carrera de las armas fuera la mejor vía hacia el dulce poder absoluto con el que tantos sueñan, los arribistas, los ambiciosos, los Óscar Puente que hoy dirigen sus pasos hacia la política… aspirarían a ser los generales del mañana. Y ni siquiera podríamos echarlos en las siguientes elecciones.
Imaginemos que usted insiste en defender que un Óscar Puente uniformado puede ser mejor para nuestra nación que otro en traje de calle. Vamos a lo práctico. ¿Cómo podría el Ejército tutelar España? Las instituciones no tienen voz, tiene que haber alguien que las dirija. ¿S.M. el Rey, el mando supremo? Vale, pero entonces ya no podemos hacer referencia a la Constitución, porque si algo esta claro en nuestra ley fundamental es que los actos del Rey necesitan refrendo del Gobierno. ¿Los del mando supremo sí pero los de sus subordinados no? Se me antoja difícil de defender con otro argumento que no sean las armas. Por otra parte, además de Felipe VI, un monarca que se ha ganado el respeto de la mayoría de los españoles –la mejor prueba es que el CIS de Tezanos no pregunta por él– hemos tenido reyes como Fernando VII, que abandonó España a las ambiciones de Napoleón. ¿Sólo los reyes buenos deben estar por encima del Gobierno y del pueblo que ha cometido el error o tenido el acierto de elegirlo? ¡Claro! Pero a ver quien le pone el cascabel a ese difícil gato.
Por debajo del Rey, las Fuerzas Armadas españolas tienen un mando, el JEMAD, que está subordinado directamente al Gobierno de la nación. Como los demás militares en activo, el JEMAD y los jefes de Estado Mayor están obligado por ley a la neutralidad política, algo que a todos nos pareció muy bien cuando tuvimos un JEMAD que, llegada la fecha del retiro, nos sorprendió afiliándose a un partido de la extrema izquierda que hacía bandera del pacifismo. Entonces estábamos todos de acuerdo en que, siendo las Fuerzas Armadas depositarias de la fuerza de la nación, no deben los gobiernos nombrar personas adictas para los puestos de la cúpula militar. Pero eso es algo que también cabe exigirles a los gobiernos que a nosotros nos inspiren confianza… y a los militares que, les guste o no, están obligados a servir bajo las órdenes de quien deciden los españoles, no de quien eligen ellos.
Si el Gobierno responde al asalto de Ceuta echando balones fuera –hoy sabemos que toda la culpa la tiene el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, lo que sería divertido si no fuera ofensivo para nuestra inteligencia– y las Fuerzas Armadas están y deben estar a las órdenes del Gobierno, ¿quién puede defender a España en este momento? Vayamos otra vez a la Constitución, a su artículo 30. «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España».
Nadie va a sacar por nosotros las castañas del fuego. La sociedad civil es la que tiene el derecho y la obligación moral de rechazar a un Gobierno irresponsable que se está esforzando mucho más en ocultar sus culpas de lo que lo hizo para prevenir la invasión; a un Gobierno arrogante que se niega a reconocer sus errores incluso cuando comete la torpeza de ponérnoslos delante de nuestros ojos; a un Gobierno cobarde que prefiere echar balones fuera a responder a los ataques híbridos del reino alauí. Y en las posiciones de vanguardia de esa sociedad civil encontramos hoy al Foro España Cívica y a su presidente, Mariano Gomá. Desde este espacio que tan generosamente me cede El Debate –otro paladín de nuestras libertades, incluida la de votar en unas elecciones limpias– quiero terminar estas líneas deseándoles a los miembros del Foro mucha suerte en la dura campaña que tienen por delante y agradeciéndoles sus inestimables servicios a la nación. Muchas gracias.