Recordemos: el pasado 30 de julio, más de 80.000 marroquíes cruzaron por la fuerza la frontera ante la absoluta inoperancia de un Estado español incapaz de proteger aquello sobre lo que reclama soberanía. Se trató, a todas luces, de una operación de guerra híbrida: la dictadura marroquí instrumentalizando a su población (como ya hiciera en 2021, según reconoció incluso el Parlamento Europeo) para presionar al Gobierno de España tomando como rehén a la población ceutí. ¿Y qué ha hecho ese Gobierno frente a semejante agresión? Durante un mes, prácticamente nada: los inmigrantes han ocupado calles, plazas y polideportivos, la criminalidad ha campado a sus anchas y el caos ha dejado de ser un período de excepcionalidad para convertirse en la nueva normalidad.

Pero, como decíamos, la disolución del orden no se ha debido a la ausencia del Estado. El Estado español nunca ha sido tan gigantesco ni ha recaudado tanto como ahora y, sin embargo, o no puede o no quiere defender a la población. ¿No puede? Quizá porque sus enormes recursos públicos se destinan a otras prioridades, como las transferencias sociales. ¿No quiere? Quizá porque sus élites políticas se hallan compradas o chantajeadas por las marroquíes. Y si el Estado, el monopolista de la violencia que exigió a la sociedad desarmarse a cambio de protegerla, no sólo hace dejación de funciones sino que se convierte en cómplice de perpetuar el desorden, entonces la sociedad hastiada termina recurriendo a la autotutela: el (ficticio) contrato social se rompe. Ahora bien, la autotutela es una mala solución. Las imágenes de estos días son síntomas de una convivencia quebrada, no un camino para restaurarla. El ‘statu’ quo sólo se restablecerá cuando quienes entraron ilegalmente como ariete de una potencia extranjera regresen a suelo marroquí y cuando, además, se disuada a ese Estado agresor de proseguir con sus coacciones. Si el Gobierno se queda de brazos cruzados y continúa disculpando al agresor externo al tiempo que busca chivos expiatorios internos (como «la extrema derecha»), entonces no estaremos ante la conocida disyuntiva falaz de «o el Estado o el caos»: más bien, tendremos el caos por culpa del Estado.