El desconcierto que presidió la tardía reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las oleadas de personas que cruzaron la valla fronteriza o accedieron desde el mar no obedecería a la ignorancia sobre la situación que se gestaba desde días antes; de la que alertaron una veintena de avisos de los servicios de inteligencia y las autoridades autonómicas ceutíes. El Ejecutivo puede defender que encauzó la emergencia de seguridad sin recurrir a la violencia. Pero tiene la obligación de explicar por qué una frontera tan sensible, que ya experimentó otro grave episodio en mayor de 2021, seguía sin la protección que hubo que desplegar a toda prisa con el refuerzo de la dotación policial y la incorporación del Ejército.

Nada contribuye a aclarar la profusión de declaraciones a cargo de los ministros de Exteriores, Migración y Defensa. Menos todavía cuando se embarullan sobre la colaboración, siquiera pasiva, de Marruecos. O, como en el caso de Margarita Robles, lanzan frases como «a Ceuta y a Melilla no se las toca» que instalan en el debate público la inasumible reclamación de Rabat y sus poderosos aliados internacionales.

La videoconferencia de ministros de Interior de la Unión Europea de esta mañana llega precedida por manifestaciones de solidaridad con España de algunos de los dirigentes que, incluso con la crisis ya encarrilada, sucumbieron a la histeria o al cálculo político. La legítima discrepancia sobre la regularización de inmigrantes impulsada por Sánchez no puede servir para abandonar no a un Gobierno, sino a un país de los 27 en una responsabilidad de control de las fronteras exteriores que, como volvió a recordar Ursula von der Leyen, comparte el conjunto de la UE.