Tonia Etxarri-El Correo
Hoy se verán las caras, vía telemática, los ministros de Interior de Europa porque España va a tener que dar explicaciones sobre la crisis migratoria que acaba de sufrir Ceuta, con la mayor avalancha de inmigrantes conocida y que atañe a toda la Unión. Ayer, el ministro Albares quiso calentar por la banda la cumbre apuntando a Italia y a la «internacional reaccionaria» que, según él, se dedicó a «amplificar» lo que estaba ocurriendo. Como si la riada de más de 60.000 personas deambulando por Ceuta, una ciudad de algo más de 80.000 vecinos, no se amplificara por sí sola.
El Gobierno, después de su inhibición inicial (los servicios de inteligencia le alertaron del peligro), ha decidido enemistarse con todos los que critican a España por haber permitido «cruces masivos incontrolados». De los 27 Estados que integran la Unión Europea, 22 se mantienen críticos con la pasividad de España ante este ataque de Marruecos. Pero el Gobierno de La Moncloa, salvo el desmarque de la ministra de Defensa, se enfrenta a todos los críticos dejando fuera de la tormenta al Ejecutivo alauita, que es quien ha tolerado, si no provocado, esta crisis de seguridad en nuestras fronteras del sur que ha dejado expuesta la vulnerabilidad de Ceuta con toda su crudeza y la de España, en consecuencia, también.
La política migratoria de Pedro Sánchez ya no se entiende en Europa. Eso es lo que está pasando. La carta de los 22 viene precedida del malestar provocado por la regularización de más de un millón de inmigrantes en nuestro país. Una normativa que va a contracorriente de Europa. Bruselas avisó que devolvería a nuestras fronteras a aquellos inmigrantes regularizados en España que se desplazaran por otros países del espacio Schengen. Era el mes de abril. ¿Por qué extraña, pues, que 22 de los 27, tras la avalancha en Ceuta, hayan puesto el grito en el cielo? El endurecimiento en política migratoria que apoya la primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha dejado de ser ideológico.
La tensión es tan palpable que ayer la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, quiso bajar el diapasón felicitando a España y Marruecos (al agredido y al agresor) por haber reconducido, más o menos, la crisis. A pesar de los 80 muertos confirmados.
Sánchez, desde que el Gobierno alauita espió su móvil con el ‘software’ Pegasus durante más de un año, no ha hecho otra cosa que brindarle favores a pesar de sus bandazos en política internacional. Pero su alineamiento con Marruecos frente al Sáhara Occidental no es un salvoconducto vitalicio, como él creía. No ha sido consciente de que la amenaza marroquí sobre la apropiación de Ceuta y Melilla es permanente. Lo acaba de ver. Siempre intentará medir las fuerzas del Gobierno de turno en España. No digo que Sánchez se tenga que poner como Adolfo Suárez cuando amenazó a Hassan II con bombardear Rabat y Casablanca si se atrevía a invadir Ceuta y Melilla. Pero tiene que defender la integridad territorial. Es su obligación. Porque la exhibición de fuerza del país vecino no ha sido una provocación al Gobierno sino al Estado. Fue un acto hostil. Inhibirse frente al poderoso y alejarse de Europa no es la salida. Salvo que vayamos a la deriva.