Con la tramitación del impuesto sobre las grandes fortunas (el impuesto con el nombre más ‘vendible’ de todo el catálogo fiscal) puede pasar algo parecido a lo sucedido con la Ley del ‘solo sí es sí’, salvando todas las distancias que usted quiera, pues allí se trata de derechos fundamentales de las mujeres y aquí, de simple y vulgar dinero. Me refiero a la tramitación y a sus efectos. El impuesto se redactó en base a la ideología, se trataba de meter en vereda a las CCAA díscolas –fundamentalmente a Madrid–, que se atrevían a enfrentarse al Gobierno central, actuaban por libre y liberaban de esa carga a los contribuyentes afectados. Éstas consideraban que gravaba lo ya gravado con anterioridad y que ahuyentaba a las personas que más tiran del carro de la economía, con un impacto menor en la recaudación.

Luego, se tramitó de manera «extravagante y meteórica», según la AEDAF, sin dejar margen a los contribuyentes para realizar una adecuada planificación financiera. Su aprobación, en tiempo récord, evitó los mecanismos de ‘calidad normativa’, al no dar la posibilidad de presentar enmiendas y supone en realidad una ‘armonización encubierta’ que sortea los procedimientos legales específicos para ese propósito.

Ante las graves y crecientes diferencias aparecidas en la imposición de los grandes patrimonios, el Ministerio de Hacienda llegó la prepotente y temeraria conclusión de que ‘si no queréis armonizaros por las buenas, ya os armonizo yo por las malas’. Pero, lo peor de todo, es el embrollo técnico creado por una redacción deficiente e indigna del que será, probablemente, el ministerio más técnico y con más y mejores profesionales de su ramo. Algo difícil de entender e imposible de justificar. La definición de la base imponible es un caos que abre la puerta a compensar impuestos ‘devengados’ pero no pagados, lo que elimina el sentido del impuesto y acaba con su objetivo ideológico de gravar aún más a los que tienen más.

De momento, los asesores fiscales aconsejan a sus clientes que paguen ahora el impuesto exigido y que recurran después, ya que la acumulación de litigios será gigantesca y sus posibilidades de éxito elevadas, dada la chapuza incurrida por el Ministerio de Hacienda y tolerada por el legislativo.

Hay una cosa buena que aliviará las preocupaciones de la ministra Montero. Sea como sea, será ella quien ingrese el nuevo impuesto y, si al final resulta que está mal redactado e ilegalmente aprobado, serán probablemente otros quienes tengan que desfacer su entuerto y devolver el dinero pagado. Cuando se actúa con odio, se quiebra el derecho.