En Sevilla han creado una academia de okupas. Una ‘akademia’, más exactamente, con sus manuales de defensa jurídica, sus tutoriales técnicos y sus talleres prácticos de (des)cerrajería, electricidad, patada en la puerta y demás ciencias de la okupación, rama de estudios que acaso pronto adquiera rango universitario de máster, diplomatura o de grado. Funciona en un local municipal del extrarradio, por supuesto ocupado, y se llama Centro Malatesta, por el legendario anarquista italiano. La reportera de ABC Silvia Tubío, que se personó a visitarlo, anota que el liceo tiene horario al público y organiza jornadas para socializar sus saberes multidisciplinares sobre la compleja materia del allanamiento domiciliario.

En realidad, existe al respecto un amplio caudal de conocimientos e instrucciones al alcance de cualquier cibernavegante. Se puede acceder de forma fácil a información sobre modos de abrir o forzar bombines, surtirse de luz a través de empalmes, localizar casas o pisos de acceso fácil y resistir el desalojo mediante toda clase de trucos legales. La mayoría de esos vademécums envuelven el asalto en una superestructura ideológica, un discurso político anticapitalista y antiespeculativo. ‘Sensu contrario’, proliferan también los prontuarios de reacción rápida para propietarios invadidos, y están en auge los negocios de alarma, los seguros de garantía de inquilinos y las empresas de desocupación por métodos tan irregulares como expeditivos.

Se trata de uno de esos problemas que la población vive con inquietud paralela a la despreocupación de unos agentes institucionales vueltos de espaldas a las consecuencias de sus desquiciadas leyes de vivienda. La influencia de Podemos –un partido surgido del movimiento antidesahucios– ha empujado al Gobierno de izquierdas a legislar contra los intereses de la clase media bajo pretexto de combatir la mercantilización de los grandes fondos inmobiliarios y la subida de las rentas, creando así un insólito marco proteccionista de los invasores de la propiedad ajena. El resultado es una atmósfera conflictiva donde la impunidad del delito genera alarma social, desconfianza en el Derecho como regulador de la convivencia y una desesperada búsqueda de mecanismos de autodefensa.

En este contexto resulta hasta lógico el disparate de esa escuela sevillana –en Cataluña existen otras similares– capaz de dotar a la intrusión de rigor académico. Nada de trabajos chapuceros. Las cosas hay que hacerlas bien, en serio, cuidando los detalles con precisión, eficacia y conocimiento de los recovecos leguleyos. La normativa ampara al allanador, y una vez dentro hasta es posible denunciar al dueño si no se comporta con el debido respeto. Lo importante es saber quién está en el lado correcto. Como dice el blog de los ‘malatestas’, la propiedad privada y el alquiler son un abuso que permite vivir del cuento.