José Antonio Zarzalejos-El Confidencial
La presidenta de la Comunidad de Madrid amaga con tirar de la manta en el PP y el ministro de Hacienda pone palos en la rueda a la instrucción del juez Pablo Llarena
El caso Cifuentes se ha gangrenado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado, por una parte, enfrentar en el Partido Popular a distintas corrientes sobre la salida de la crisis de la que es protagonista, y por otra, se ha perfilado como una amenaza para sus propios compañeros y dirigentes. Hizo mal Mariano Rajoy en dejar que la crisis del llamado ‘mastergate’ se macerase en el transcurso de los días. Porque al dar tiempo a su desarrollo también lo ha dado a que choquen dos diagnósticos sobre la suerte de la dirigente autonómica.
Uno lo encabeza la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, partidaria acérrima de resistir y no entregar la cabeza de la presidenta madrileña y de que se la cobre Ciudadanos, con el coste correspondiente de respaldar una moción de censura de la izquierda en la Asamblea Regional. Otro sector propugna dejar caer a Cifuentes, repetir así la operación murciana y retener durante un año más el gobierno de Madrid. Son también los que piensan —seguramente con mejor cálculo que sus contradictores— que a los de Albert Rivera no les pasaría factura alguna el apoyo a la moción de censura aunque conlleve la presidencia del socialista independiente Ángel Gabilondo.
Cifuentes no está aprovechando sus horas postreras para reivindicar su compromiso con la regeneración del PP, sino para hacerse fuerte
La demora en tomar una decisión en un sentido o en otro, ha fortalecido las ensoñaciones de Cristina Cifuentes que el jueves envió a su partido un recado inequívoco sobre su capacidad perturbadora en caso de que se le deje a los pies de los caballos: remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación que acreditaría que durante el mandato de Esperanza Aguirre se perpetraron graves despilfarros y corruptelas en la construcción inacabada del Campus de la Justicia.
Cifuentes no está aprovechando sus horas postreras para reivindicar su compromiso con la regeneración, sino para hacerse fuerte, para exhibir su poderío informativo sobre las interioridades de su partido y su determinación de, si fuese preciso, tirar de la manta y cantar la gallina como han hecho otros excompañeros abandonados por la organización a su suerte. Ella se ve ahora en la misma tesitura que ellos y no está dispuesta a caer sin una pelea que podría salpicar al presidente del Gobierno sobre el que ha hecho recaer la íntegra responsabilidad de su cese al frente del ejecutivo madrileño.
Ciudadanos sabe que la única manera de forzar al PP para que aparte a la presidenta regional es transmitir la amenaza real de que si no lo hace apoyará la moción del PSOE
Este desgarro en el PP —uno más— enlaza con una situación general de depresión interna a la que ha contribuido decisivamente la verborrea mediática del ministro Montoro que se ha convertido en el testigo de descargo del delito de malversación perpetrado, presuntamente, por los dirigentes independentistas según los indicios acumulados por el magistrado Pablo Llanera . El responsable de Hacienda orbita por su cuenta, sin disciplina ni rigor en el Gobierno de un Rajoy que no controla ni las declaraciones de sus ministros.
Su equipo gubernamental está profundamente enfrentado, atónitos los titulares de Interior y Justicia, y se diría que quebrado el Gabinete por el impacto en el proceso penal contra el separatismo de la afirmación reiterada de Montoro de que no se emplearon fondos públicos en los hitos de la desconexión catalana.
La Guardia Civil ha acreditado al instructor de la causa indicios acusatorios suficientes de la malversación por un importe de casi dos millones de euros. No parece misión de un miembro del Gobierno poner palos en la rueda a la instrucción del caso con potenciales negativas repercusiones sobre el trámite de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont. La Justicia alemana y los procesados pueden valerse de las afirmaciones de Montoro —un político que ha tenido muchas más oportunidades de callarse que de hablar— para rechazar que el ‘expresident’ de la Generalitat haya cometido malversación de fondos públicos. La responsabilidad que ha contraído el titular de Hacienda y Función Pública es de una enorme trascendencia.
Suma y sigue hacia una crisis global
Tanto la implosión del PP por el caso Cifuentes como la división interna del Gobierno por las declaraciones imprudentes de Montoro, son una especie de suma y sigue de una crisis global, irreversible y aguda en la derecha que representan las siglas populares. Rajoy no controla la situación ni en la organización ni en su propio Gobierno en donde siguen compitiendo desesperadamente las tesis de Cospedal con las de Sáenz de Santamaría, bajo un poder arbitral menguante del presidente del Gobierno que se quita de en medio tanto cuanto puede.
Este desgarro en el PP enlaza con una situación general de depresión interna a la que ha contribuido decisivamente la verborrea mediática de Montoro
A Rajoy solo le queda la esperanza de que el calendario vuelva a jugar a su favor y que antes de que se llegue a la votación de los Presupuestos Generales del Estado —a finales de mayo— se haya constituido un gobierno en la Generalitat de Cataluña y levantado las medidas al amparo del 155 y, en consecuencia, el PNV vote las cuentas públicas. Si así fuese, Rajoy —que es a lo único a lo aspira en estos momentos— podría prologar su gestión hasta, prácticamente, terminar la legislatura de 2020.
Ya no se trata de otra cosa que de durar, aunque por el camino el PP vaya a experimentar amarguras electorales que comenzarán, posiblemente, en Andalucía y culminarán con una debacle en las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. A esa cita llega el PP reventado y el Gobierno, quebrado.