DIARIO VASCO, 12/9/12
La Sección Primera de la Audiencia Nacional tendrá la última palabra. La forense de este tribunal insiste en un nuevo informe en que el preso no está en estado terminal
La suerte penitenciaria de Josu Uribetxebarria Bolinaga está más en el aire que nunca. La decisión de la mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional de dejar en manos de cinco magistrados la resolución del recurso de la Fiscalía contra la excarcelación del preso enfermo y la entrada a última hora en el tribunal de un juez, en principio, conservador, hace imposible vaticinar qué pasará a partir de las cinco de la tarde de hoy, cuando la Sección Primera se reúna para comenzar a estudiar el asunto. Una reunión en la que, además, los jueces tendrán sobre la mesa un nuevo informe forense, todavía no definitivo, en el que se insiste en que los médicos del Hospital Donostia no tienen elementos para concluir que el recluso solo tiene unos meses de vida.
A priori, según todas las fuentes consultadas, que el caso fuera resuelto en la sección, con una mayor inclinación progresista que el pleno de la Sala de lo Penal, hacía más probable que la Audiencia Nacional confirmara la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, de conceder la libertad condicional por motivos humanitarios. Pero ahora los cinco magistrados están divididos. La entrada en ese tribunal de Alfonso Guevara, elegido ayer por sorteo en sustitución de Manuela Fernández Prado -que disfruta de una licencia de estudios-, ha reventado todas las quinielas. Guevara, muy conservador, sin embargo ha decretado excarcelaciones muy polémicas de etarras como la de Elena Beloki, para que se sometiese a un tratamiento de fertilidad, o la de Antón Troitiño, que terminó fugándose.
Junto a Guevara se sentarán en el tribunal otro claro conservador, el ponente Nicolás Poveda, que se ha mostrado favorable a hurtar la decisión a la sección; dos progresistas, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel, que en las últimas horas han votado que el pleno se mantuviera al margen y a los que se presupone que votarán a favor de la libertad; y el presidente, Fernando Grande-Marlaska, también progresista, aunque siempre muy beligerante con el mundo de ETA.
Sin mayoría para el pleno
Finalmente serán estos cinco magistrados, todos especialistas en asuntos penitenciarios, los que tengan en su mano la resolución del caso. Grande-Marlaska, como presidente de la sección, preguntó el pasado viernes a todos sus compañeros si el asunto tenía la suficiente trascendencia para ser sometido a pleno. Pero al final, solo ocho, la mayoría conservadores, de los 18 de la Sala de lo Penal apoyaron que el caso fuera estudiado por el máximo órgano del tribunal, cuando el mínimo para que prosperara la propuesta eran diez votos. El propio Grande-Marlaska votó a favor de que fuera su propia sección la que despachara este asunto.
La Fiscalía, que recurrió el pasado miércoles la excarcelación del etarra al entender que «padece una enfermedad grave e incurable pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida», fue la que pidió de forma expresa que su apelación se viera en el pleno ante su complejidad y trascendencia para casos futuros y dada «la necesidad de establecer criterios jurídicos unánimes».
El Ministerio Público, además de reprochar al juez que no le hubiera informado de todas las diligencias, se basó fundamentalmente en el informe de la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, para oponerse a la excarcelación. Baena sostuvo en su primer dictamen que el secuestrador del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara no se encuentra en la actualidad «en fase terminal y únicamente presenta leves síntomas clínicos» del cáncer que sufre. Ayer mismo, Baena se ratificó en su diagnóstico después de que la Sección Primera acordara unir los estudios médicos del Hospital Donostia y ordenara a la forense estudiarlos a contrarreloj para que decidiera si cambiaba de opinión sobre el «peligro por la vida del interno».
Más informes
Baena mantiene que el informe de los especialistas de centro donostiarra del 22 de agosto, en el que aseguraban que el interno tenía una esperanza de vida de nueve meses, no es suficientemente completo y exhaustivo. Por ello, ha pedido al juez que reclame a la comisión médica del hospital, en el que se encuentra el preso desde el 1 de agosto, nuevos datos sobre el historial médico del paciente para elaborar un dictamen definitivo. A la espera de esos nuevos datos, la forense sostiene que el etarra puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios de la prisión alavesa de Zaballa y no es necesario que esté ingresado en un hospital. La posibilidad de atención en una enfermería carcelaria fue desechada por Instituciones Penitenciarias, que no la vio viable por falta de medios.
En cualquier caso, tanto la Fiscalía como los abogados del preso podrán presentar alegaciones al último dictamen de Baena antes de que se reúna hoy la Sección Primera para debatir el futuro del enfermo.
Llegó al cargo en enero. Guió la instrucción del caso Faisán.
Elegido ayer por sorteo para sustituir a Manuela Fernández. De perfil conservador.
Condenó a 10 años a Otegi por el caso Bateragune. Pertenece a Jueces para la Democracia.
Exvocal para Euskadi del CGPJ, fue propuesto para ese puesto por el PSOE.
Fue vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de IU. Respaldó a Garzón en su investigación del franquismo.
DIARIO VASCO, 12/9/12