JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, EL CONFIDENCIAL 09/01/13
El buen ambiente que, según muchos de los asistentes, se registró ayer entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, que en compañía del príncipe de Asturias inauguraron la línea de AVE que une Barcelona, Girona y Figueras, fue un mero trampantojo político. Porque detrás de la forzada cordialidad entre los mandatarios, y de don Felipe con ellos, late la aceleración por CiU y ERC de las iniciativas independentistas que tratan de desembocar en una consulta popular.
El lunes se comenzó a trabajar en Barcelona en la constitución del Consejo Catalán para la Transición Nacional y en el borrador de la declaración parlamentaria, que el día 23 de enero posiblemente declare que la soberanía de Cataluña reside en sus ciudadanos, en abierta contradicción con el artículo 1.2 de la Constitución española que la refiere al conjunto del pueblo español. Estaríamos técnicamente ante una declaración de secesión que, no por enunciativa, admite paliativos en su gravedad política. El precipicio de la segregación aparece ya en el horizonte con perfiles nada virtuales, sino acentuadamente reales.
Ambos pasos son algo más y, sobre todo, algo muy distinto a meras decisiones de trámite o preparatorias. Pretenden, con el Consejo, incorporar a miembros de la sociedad civil en el proyecto del impulso a la independencia, y con la declaración soberanista, apoyarse en un texto respaldado mayoritariamente en el Parlamento para sobre él, convocar -sí o sí- un refrendo popular que ERC impone, y CiU acepta, sea en 2014.
Lo más grave es que estas decisiones son ya de fondo y predeterminan que la supuesta intención de establecer un proceso de conversación y negociación con el Gobierno, responde a un mero formalismo. Como ocurriera el 20 de septiembre pasado, cuando el presidente de la Generalitat acudió a la Moncloa con la propuesta de pacto fiscal, ni Mas ni Junqueras se proponen negociar nada, sino ofrecer a Rajoy hechos consumados. Y si así no fuera, lo disimulan muy bien.
Suponer que Mas y Junqueras huyen hacia un destino ignoto, no es exagerar ni un ápice. Mientras tanto, ¿cómo va actuar el Gobierno para que ni Cataluña ni el resto de España se precipiten en el vacío? Comenzamos a necesitar respuestas porque las elipsis dialécticas se están agotando.
En paralelo a estos acontecimientos, se han producido otros muy significativos. De una parte, la determinación de la Generalitat de lanzar una campaña -en la Unión Europea y en las demás comunidades autónomas- para que la Administración General del Estado no exija a las autonómicas el 0,7% de déficit en sus cuentas sino el 1,5%, beneficiándose del relajamiento de la exigencia bruselense a la cifra de déficit global del Estado español.
El muy serio consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Collel, en un dramático artículo publicado en La Vanguardia el pasado domingo, consideraba el ajuste del déficit en el 0,7% como “nuestro precipicio fiscal” y entendía este objetivo como“intelectualmente débil, políticamente miope y moralmente obtuso”, sosteniendo al final del texto que el sufrimiento que causaría lograrlo sería “inútil”, lo que, según Mas-Collel, “hacer hervir la sangre”.
De otra parte, el que se conoce ya como caso Acciona-ATLL (concesión anulada a la constructora española, en consorcio con otras compañías, de las Aigües Ter-Llobregat) se parece bastante a una pesadilla administrativa en la que el Gobierno catalán ha actuado con ventajismo: el 27 de diciembre ingresa por esa concesión a Acciona 298 millones y anota contablemente el derecho a cobro de 700 más pagaderos en cincuenta anualidades, pero, ya adjudicada la concesión, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña -órgano unipersonal que encarna por concurso y desempeña de manera inamovible Fernando Gallo– anula la adjudicación, contra la que recurre el Gobierno catalán de tal modo que el mismo Ejecutivo que otorga la licitación, la anula, y contra esa anulación, recurre. Jamás debió consumarse la adjudicación pendiendo un recurso administrativo. Por más que apretasen las cuentas y los 298 millones, más los 700 diferidos, maquillasen las cuentas de 2012.
El asunto ha merecido un comentario, duro pero riguroso, del catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor en las páginas de Expansión de ayer, en el que sostiene que “la Generalitat de Cataluña ha entrado en una dinámica de destrucción del capital de seriedad y responsabilidad que había atesorado durante años”. Y añade una reflexión preocupante, pero ya contrastada: “Los políticos catalanes, irresponsables, impulsados por sus prioridades, y no por las de los ciudadanos, han decidido seguir el camino de la ilegalidad, no sólo en lo macro (la eventual consulta independentista), sino también en lo micro (la contratación administrativa)”.
Ante esta situación, el PSC ha variado su inicial e ininteligible decisión de abstenerse en todas las votaciones parlamentarias que se refiriesen a cuestiones relacionadas con el órdago independentista. Los socialistas catalanes anuncian ahora que se opondrán a todas las propuestas de carácter ilegal -la primera sería la declaración soberanista- de modo que se abre un tercer precipicio en Cataluña que es el social porque si tampoco ICV secunda el independentismo convergente-republicano (está por ver), ¿puede Cataluña -legalidades aparte- emprender la secesión por una mayoría de 73-74 diputados sobre 135, que no representarían más allá de un tercio del censo electoral y con 13 legisladores (los de Unió) reticentes a esta travesía?
CiU-ERC han abierto descontroladamente tres contenciosos que son tres precipicios: el político con la independencia; el presupuestario, con el rechazo al ajuste del déficit y el socio-electoral con la decisión socialista de no abstenerse en el desmontaje de la legalidad constitucional en Cataluña. Suponer que Mas y Junqueras huyen hacia un destino ignoto no es exagerar ni un ápice. Mientras tanto, además de utilizar la técnica de policía bueno (Rajoy) y policía malo (Wert y Morenés), ¿cómo va actuar el Gobierno para que ni Cataluña ni el resto de España pierdan pie y se precipiten en el vacío? Comenzamos a necesitar respuestas porque las elipsis dialécticas se están agotando.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, EL CONFIDENCIAL 09/01/13