Ciudadano Borbón

Ignacio Camacho-ABC

  • La Fiscalía y el Gobierno han convertido el alejamiento de Juan Carlos en un destierro arbitrario sin pruebas ni plazos

Una solución incorrecta es siempre la mejor garantía de reaparición de un problema, porque lejos de resolverlo lo enquista y lo acaba transformando en una crisis endémica. Así ha ocurrido también en el caso del Rey Juan Carlos y su expatriación a la ligera: fue un error sacarlo de España y ahora es un lío que vuelva. La decisión de salir no fue suya, o sólo a medias; sin la presión del Ejecutivo a Felipe VI el emérito no se habría ido de la Zarzuela, aunque al final se convenciese a regañadientes de que preservaba mejor a la institución marchándose una temporada fuera. Desde entonces ha hecho todo lo que se le ha pedido, incluida la regularización ‘voluntaria’ ante Hacienda, y se impacienta por retornar mientras el sanchismo sigue considerando inconveniente su presencia y a través de la Fiscalía gana tiempo prorrogando las pesquisas pese a la ausencia de pruebas. En términos objetivos tiene todo el derecho a volver porque no existen razones jurídicas ni técnicas suficientes para mantener la investigación abierta. Pero nadie quiere hacerse cargo de esa papeleta y hasta la propia Casa del Rey carece de certezas respecto a la posibilidad de que puedan aparecer nuevas irregularidades financieras que compliquen una situación ya de por sí muy expuesta a sospechas.

Sobre la (in)ejemplaridad de su conducta caben en cambio pocas dudas. Pero esas responsabilidades éticas ya las ha afrontado de sobra. Perdió la Corona, la inviolabilidad y buena parte de la aureola de éxito y de prestigio que ornaba su ejecutoria. Una extraordinaria misión histórica ha quedado para siempre nublada de sombras. La cuestión actual, sin embargo, es otra. Se refiere a sus derechos y garantías como ciudadano que no puede ser sometido a un escrutinio sin plazos claros por criterios políticos y de oportunidad -es decir, arbitrarios- que además repercuten sobre la estabilidad de la Jefatura del Estado. Su alejamiento provisional se ha convertido como era de prever, y por eso se trató de una decisión desacertada, en un exilio indefinido e injustificado que no encaja en el ordenamiento de un país democrático.

Sucede que Sánchez no ve ningún buen momento para su regreso y está mareando la perdiz con pretextos. Que si el discurso real de Navidad -y el suyo propio de fin de año-, que si las reticencias de los socios independentistas y de Podemos… Su habitual táctica de desentendimiento. La realidad es que no quiere debates ni contratiempos que estorben su agenda y lo metan en jaleos. Está cómodo fungiendo de protector de la monarquía mientras ésta se avenga a un papel de mero atrezzo. Ése fue el sentido de la maniobra que sacó a Don Juan Carlos al extranjero: dejar a su hijo solo ante la ofensiva republicana con la Presidencia del Gobierno como principal contrapeso. Y hacerle ver que está en una posición de poder lo bastante fuerte como para enviar a un Rey al destierro.