EL MUNDO – 20/08/16
· Se conformaría con reducir de forma drástica su tamaño
· Trasladará un centenar de reformas al PP, entre ellas la de la Justicia
· Aprovechará la parálisis del PSOE para disputarle su espacio.
Semáforo en verde. Nada de líneas rojas. Predisposición absoluta. Así afrontan PP y Ciudadanos la negociación para un acuerdo de investidura. Sí, oficialmente cada formación defenderá sus principios, pero al sentarse en la mesa, los maximalismos se quedan fuera. «No voy a hablar de líneas rojas», confirmó ayer Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos.
En este sentido, el partido de Albert Rivera trasladará al equipo de Mariano Rajoy la necesidad de «pinchar la burbuja política», reducir la Administración y, por tanto, la conveniencia de suprimir las diputaciones, que cuestan al Estado más de 6.000 millones al año. Sin embargo, asumen la imposibilidad de que el PP lo apruebe y aceptan que pueden mantenerse, pero con una importante disminución de su coste. «Una importante reducción de los cargos políticos y de confianza sería un buen paso. Nuestras condiciones innegociables eran los seis puntos contra la corrupción [que PP y C’s firmaron ayer]. Si vas a una negociación hay que lograr un punto intermedio, un acuerdo, no ver quién se queda más cerca de su razón», admiten fuentes de Ciudadanos conocedoras de la negociación.
La primera etapa de esta negociación se llevó a cabo ayer por la tarde en el Congreso. Primera reunión de los equipos donde se fijó una estructura en cuatro ejes y se marcó un calendario de reuniones.
Durante la próxima semana, los 13 negociadores que han designado Mariano Rajoy y Albert Rivera afrontan un tira y afloja con disposición a todo. «No vamos a usar el verbo exigir. Estamos en una etapa de negociación. Nosotros vamos a proponer. No haríamos un favor a nuestro país si fuéramos demasiado concretos en este momento procesal, porque sucede que esto no es un pacto de Gobierno. Por lo tanto, no tiene por qué ser tan exhaustivo», respondió Girauta al ser cuestionado ayer por la exigencia de la supresión de las diputaciones y el Senado, señas de identidad de los principios de Ciudadanos.
La supresión de las diputaciones tiene su miga. El partido de Rivera las izó, junto al Senado, como ejemplo de la burbuja política, el despilfarro. Lo llegaron a calificar de «agencias de colocación». Fue uno de los últimos puntos que se cerró en febrero en el acuerdo de Gobierno entre Ciudadanos y el PSOE. Sánchez se resistió y no mencionó la medida en su discurso de investidura fallida, pese a que figura escrito en el mismo. Se saltó la frase.
Finalmente, en ese acuerdo que recogió 200 propuestas, el tema de las diputaciones quedó así redactado: «Supresión de las Diputaciones Provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia respectiva». Es decir, más cerca de un punto intermedio que de lo abrupto de su desaparición por completo.
Al tiempo, el PP inició una campaña en defensa de su existencia. Presentó mociones en los ayuntamientos y las propias diputaciones en defensa de estos órganos y, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, sacó adelante una moción suya que reivindica el valor de las diputaciones provinciales, los cabildos y los consejos insulares que ayudan a los municipios a prestar más y mejores servicios a los pequeños municipios y «son fundamentales en la vertebración territorial del Estado español».
En España hay 38 diputaciones de régimen común, que para 2016 cuentan con un presupuesto aproximado de casi 6.400 millones de euros. Según un informe elaborado por la fundación ¿Hay Derecho?, han creado un total de 116 entes para descentralizar la gestión de sus servicios locales. Asimismo, participan en un total de 282 consorcios. Según este informe, su supresión en el corto plazo supondría un ahorro de 587.490.374 euros. Lo calculan en base a dos partidas: Órganos de Gobierno (140 millones) y Transferencia a otras Administraciones sin una finalidad concreta (446 millones). En el medio plazo, pese a la complejidad, estiman 1.230 millones.
«Nos sentamos a negociar con la voluntad de llegar a muchos acuerdos», dijo Girauta tras firmar con Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, las medidas contra la corrupción exigidas por Ciudadanos como paso previo a la negociación. «Antes que la rectitud en la observancia de nuestro programa tenemos el interés de los españoles. No haríamos buen servicio al país si habláramos de líneas rojas». En la misma línea se manifestó Hernando: «Vamos a trabajar con generosidad, con mente abierta y pensando en los intereses de los españoles». Desde el Gobierno ya se anunció que estaban dispuestos a «seguir trabajando» en la «racionalización» de la Administración, si bien en sus planes no entraba fulminar las Diputaciones.
Con todo, fuentes del equipo de Ciudadanos consideran que en la regeneración institucional es uno de los ejes donde más presión en la negociación puede hacer sobre el PP.
En él incluyen la despolitización de la Justicia. El partido de Rivera propone una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados. Asimismo, quieren convencer al PP de que «todas las plazas del Poder Judicial y, en particular, la de los altos cargos, se cubrirán por concurso y con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad».
Ayer se celebró la primera reunión de los equipos negociadores. Por parte del PP quienes llevaron la voz cantante fueron Fernando Martínez Maíllo, Fátima Báñez y Álvaro Nadal. En Ciudadanos, quienes tomaron el mando fueron Miguel Gutiérrez y José Manuel Villegas. El PP les entregó el documento con las 125 medidas que comparte de las 200 que en su día firmaron Ciudadanos y PSOE. En el partido de Rivera consideran que el enrocamiento en que se han sumido los socialistas puede permitirles ocupar un espacio huérfano en el centro izquierda. Ganar territorio debido a su iniciativa.
EL MUNDO – 20/08/16