EL MUNDO 26/01/13
· El presidente admite que sopesa las consecuencias de no dar respuesta a la declaración
Mientras el Gobierno calcula cuál es la actitud jurídicamente correcta y políticamente adecuada respecto a la resolución aprobada el miércoles por el Parlamento catalán, Ciutadans(C’s) considera que hay que dejarse de sutilezas y actuar. A sus representantes les sale a cuenta ser el pepito grillo del Gobierno y ayer, su portavoz en el Parlament, Jordi Cañas, presentó un escrito ante la Delegación del Gobierno en el que reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que recurra ante el Tribunal Constitucional la declaración de soberanía de la Cámara .
Cañas reconoció que de la Declaración no se derivan consecuencias políticas directas, pero dijo que los partidos nacionalistas catalanes «van a utilizarla para internacionalizar el conflicto y provocar esas consecuencias». «La declaración atenta contra el ordenamiento jurídico, contra el artículo 1 de la Constitución y, principalmente, contra la convivencia y la democracia en España», y solicitó del Gobierno que «no mire hacia otro lado y ejerza su responsabilidad» ante un texto que asegura que Cataluña tiene el «carácter de sujeto político y jurídico soberano».
Poco después, la vicepresidenta Saénz de Santamaría realizaba verdaderos equilibrios para demostrar que nadie va a marcar los tiempos del Ejecutivo. En su primera intervención insistió en que estaba esperando el informe de los Servicios Jurídicos del Estado para actuar, pero, apremiada para que fijase algún tipo de posición política, recordó a los nacionalistas que «sólo para hacer una modificación del Estatut, se requieren dos tercios», y ese es un porcentaje del que la resolución quedó muy lejos, insistió en que «no se ajusta a las normas que nos hemos dado», que «añade incertidumbre» y no se atiene al «marco europeo».
La alusiones al trabajo encargado a la Abogacía del Estado fueron reiteradas, pero lo cierto es que las reflexiones realizadas por el presidente ante la delegación de periodistas que cubren su viaje a Perú y a Chile parecieron demostrar que, en realidad, el cálculo político preocupa mucho al Gobierno. Rajoy reiteró que un texto que ni siquiera entra en el espíritu constitucional «no sirve para nada», sus derivadas jurídicas «son cero» y, por tanto, no ofrece base para ser objeto de un recurso ante el Constitucional. Pero admitió que considera imprescindible calibrar hasta qué punto dejar el agua correr puede implicar efectos indeseados que a la larga resulte difícil detener. Se trataría de ver «las consecuencias que puede tener el no dar respuesta». Más allá de esa decisión, el presidente dijo sentirse «muy tranquilo». «Yo sé lo que tengo que hacer», aseguró refiriéndose al desafío en general, en una frase que vino a ser completada más tarde por Sáenz de Santamaría: «La Constitución no la ha inventado el Gobierno y no podemos dejar de cumplirla».
Rajoy aseguró sentirse «satisfecho» con la actitud del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien aseguró que en esta ocasión no es «sospechoso de nada,» pese a que tenga que lidiar con posturas rebeldes en el PSC. El primer secretario de este partido, Pere Navarro, anunció ayer que los diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto serán sancionados económicamente, aunque no sólo eso. Si bien, no precisó qué otras medidas podría adoptar.
Navarro señaló que lo que está ocurriendo en su partido es «reflejo de lo que está pasando en Cataluña», «hoy dividida socialmente».
EL MUNDO 26/01/13