Luis Ventoso-ABC

  • Se trata de erosionar los pilares del Estado para arribar al gobierno «progresista» perpetuo

Incurrir en la autocita es una ordinariez bastante petarda. Pero el 16 de enero un periodista bajito y coruñés escribió un artículo titulado «Hay un plan». Allí se sostenía que había comenzado una operación para erosionar los pilares del Estado y las garantías que oxigenan una democracia. La meta final consistía en que en España -o lo que quede de ella- se instaure de facto el gobierno perpetuo del autodenominado «progresismo». El plan enlazaba con el cordón sanitario de Zapatero. La idea matriz consiste en que todo lo situado a la derecha del PSOE es «ultraderecha tardofranquista», inadmisible como alternativa de gobierno en el siglo XXI, donde la sociedad española debe abrazar al unísono el indiscutible consenso progresista.

Pero el plan topaba con cuatro obstáculos. 1.-La oposición constitucionalista, que aunque para felicidad de Sánchez se ha quebrado en tres marcas, todavía suma la mitad de los votos. 2.-La justicia independiente. 3.-La Corona, garante de los derechos y libertades que consagra la Constitución. 4.-La prensa independiente, que conserva su capacidad crítica, razón de ser del periodismo.

Cualquier marxista, aunque sea de tienda Quechua del 15-M, sabe que las grandes conmociones aceleran los procesos de cambio. La pandemia supone una de esas situaciones insólitas, con un estado de alarma de tres meses, que ha puesto entre paréntesis derechos básicos; con el público encerrado, rehén de una televisión okupada por un poder orwelliano; y con la economía cortocircuitada. Así que Podemos y PSOE han aprovechado la excepcionalidad para pisar el acelerador del plan. Nada es casual. Se acusa a la oposición conservadora de golpista, para ir privándola de legitimidad. Se acosa a los magistrados independientes -que deberían ser todos- y se denigra al poder judicial argumentando que está dominado por la derecha. Se tacha a los medios críticos de «crispadores». Ideólogos del plan, como Iglesias, abiertamente niegan el derecho a existir a la que denigran como «prensa de ultraderecha». Estorba también la Guardia Civil, que vertebra España y goza del respeto general, por lo que ya han abierto el debate sobre su estatus militar y han purgado a su cúpula. Y sobre todo, estorba el Rey, que cuenta con una alta aprobación del público y es el último dique en la defensa de la Constitución del 78 (de ahí que conviertan los casos de su padre en causa general contra la monarquía).

El miércoles en el Congreso, el ministro de Justicia habló en respuesta a ERC de que España está en una «crisis constituyente» y en un «debate constituyente». Ante el revuelo, alega ahora que se refería tan solo a una etapa de cambio por el Covid-19. Ese ministro, de 58 años, es juez, ha sido secretario de Estado de Justicia con Zapatero y vocal del Poder Judicial. Quién crea que tuvo un merus lapsus linguae puede creer también que los cerdos vuelan, por emplear la metáfora del gran Benjamin Toshack. Por supuesto que hay un plan: una República Social en una España federal, con Cataluña y País Vasco como Estados asociados y una igualación a la baja.