Clemencia cero

Si el preso tiene derecho a salir, que salga, pero ni un minuto antes del último plazo legal y sin el más mínimo margen de indulgencia

L A diferencia entre un debate moral y uno jurídico es que el primero admite dudas y el segundo no. En el plano ético ha lugar para la ambigüedad, la vacilación, la falta de certezas o la conciencia de limitaciones; en el ámbito de la ley, en cambio, los criterios deben ajustarse a la máxima objetividad para configurar un marco de seguridades normativas que limiten el paso a las interpretaciones individuales o a las circunstancias de conveniencia.

Por esa razón lo peor que puede ocurrir en el caso del etarra Jesús María Uribetxerria Bolinaga, el secuestrador y carcelero de Ortega Lara, es que el Estado y la Justicia permitan resquicios entre las coordenadas del derecho. La índole repugnante del delito por el que preso cumple condena suscita un estado de opinión moral ante el que sólo puede prevalecer la fuerza de las leyes. No caben márgenes graciables ni tácticos que puedan derivar siquiera de forma remota en una minimización indirecta de la culpa. Derechos, los que le correspondan, pero nada más allá. Ni un gesto, ni un favor, ni una concesión benigna o indulgente.

La sociedad española posee un cuerpo de leyes redactadas al amparo de una Constitución democrática avanzada y de profundo espíritu garantista. Más que suficiente para que los derechos de un preso prevalezcan incluso por encima del rechazo que suscita la conducta que mereció su condena. Hasta ahí, Uribetxerria está amparado en su reclamación de beneficios penitenciarios derivados de su enfermedad terminal, pero ni el Gobierno ni los jueces tienen autorización moral para resolver la cuestión con criterios subjetivos; menos aún si están rodeados de connotaciones políticas. Y eso es lo que suscita confusión y deja una frustrante sensación de amargura: ha quedado flotando en la opinión pública la impresión de que los poderes del Estado hayan podido extremar su benevolencia causando en contrapartida un severo daño a la dignidad y la memoria de las víctimas. Que somos todos los ciudadanos en la medida en que la agresión terrorista, particularmente cruel en este caso, se dirige contra la sociedad en su conjunto para someterla a su designio de violencia autoritaria.

Es importante que este asunto se resuelva bajo un estricto y literal criterio de legalidad. Si Uribe tiene derecho a salir para morir en su casa, que salga, pero ni un minuto antes del último plazo legal y sin el más mínimo margen de privilegio. La ley le asiste como a cualquiera de nosotros pero la especial infamia de sus crímenes exigen que se le aplique con el criterio más restrictivo posible. Descartada por el propio interesado la reinserción y el arrepentimiento, debe sufrir la pena hasta donde lo permita la norma para satisfacer la deuda de su delito. La superioridad moral de la democracia se plasma en su sistema de justicia y no necesita, en casos como éste, revalidarse con ningún suplemento de clemencia.