Diez asociaciones suscriben un manifiesto en el que ensalzan su labor de protección como «pieza clave del engranaje democrático»
Varias asociaciones de víctimas del terrorismo quisieron ayer trasladar su apoyo a los escoltas, en plena polémica por la decisión de los gobiernos vasco y central de reducir la protección a diferentes cargos municipales socialistas y populares después del verano. A través de un manifiesto conjunto, una decena agrupaciones de afectados pusieron en valor el trabajo desempeñado por los guardaespaldas y emplazaron a los responsables institucionales a actuar con «sensibilidad» a la hora de «tomar medidas unilaterales sobre su futuro».
Tanto la consejería como el Ministerio del Interior hicieron pública a principios de este mes su intención de disminuir el grado de protección de los políticos que, como consecuencia de las últimas elecciones municipales y forales, han dejado de ostentar un cargo público. La medida podría dejar en el paro a más de 300 escoltas. Con este escenario de fondo y en un momento «especialmente complicado» tras la entrada de Bildu a las instituciones, las asociaciones de víctimas han querido solidarizarse con el colectivo, cuya «labor de protección frente al terrorismo etarra ha sido fundamental a la hora de garantizar la vida de numerosos cargos, empresarios, periodistas y miembros de movimientos cívicos durante años».
Suscriben el comunicado la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, Voces contra el Terrorismo (Verde Esperanza), Vecinos de Paz de Berriozar, la Asociación por la Tolerancia, las fundaciones Gregorio Ordóñez y Círculo Balear, así como las asociaciones catalana, murciana y gallega.
En el escrito, los damnificados consideran que los escoltas han supuesto una «pieza clave del engranaje democrático» al posibilitar con su trabajo que los políticos pudieran acceder a los cargos «para los que fueron elegidos por la ciudadanía». En esta línea, piden «respeto» hacia la «valiosa misión en defensa de los principios constitucionales» que han llevado a cabo los guardaespaldas «precisamente allí donde su vulneración ha sido más evidente», y exigen responsabilidad a la hora de abordar la disminución de efectivos.
«Desprecio» institucional
La Asociación de Escoltas del País Vasco y Navarra y ASP/92 Navarra han denunciado «la falta de información y el maltrato» por parte de las instituciones. El veto del Ayuntamiento de Andoain, gobernado por Bildu, a la entrada de los guardaespaldas en la Casa Consistorial no ha hecho más que enrarecer el ambiente.
Alberto Velasco, portavoz del colectivo vasco de escoltas, censuró ayer que se les «quiera sacar por la puerta de atrás después de muchos años de servicio en defensa de la libertad». «Mientras las víctimas, la sociedad civil y partidos van mostrándonos su apoyo, el señor Rodolfo Ares (consejero de Interior) continúa en silencio, lo que es un absoluto desprecio», sentenció.
EL CORREO, 21/6/11