ANTONIO ELORZA, EL CORREO 29/05/2013
· Cualquiera que lea el comunicado conjunto emitido el pasado domingo 26 en La Habana por los representantes del Gobierno colombiano y de las FARC, anunciando el acuerdo alcanzado sobre el primer punto de su negociación sobre la paz, difícilmente entenderá que para llegar a esa convergencia fueran necesarios seis meses de duros debates y que haya merecido una acogida eufórica por parte del Gobierno de Bogotá. «Estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe», confirmó el negociador principal de las FARC, Iván Márquez. El texto es presentado bajo un título prometedor, ‘Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral’, y más que un programa concreto de cambios y de líneas precisas de acción, contiene una relación de cuestiones a abordar, acompañadas en los aspectos centrales de una leve indicación acerca del sentido con que inspirará la política reformadora.
Conviene advertir de entrada que el comunicado presenta una síntesis de acuerdos sobre esos temas cruciales, que probablemente han encontrado ya una solución más elaborada en la mesa de negociaciones. Alguna vez queda claro que hubo diferencias y que éstas no han sido resueltas del todo: así cuando es anunciada la «protección del derecho de propiedad con prevalencia del bien común», de manera que un postulado del Gobierno permanece y al mismo tiempo se abre la puerta a la «prevalencia» del grupo armado. Dentro del ideario y del imaginario de las FARC figura siempre la lucha contra el latifundio y su sustitución por pequeñas explotaciones, beneficiando al «pequeño productor».
Hay asimismo una mención al «estímulo de la producción agropecuaria», cuando informes oficiales hablan en cambio de reequilibrar las extensiones dedicadas a la agricultura, reservadas para la ganadería. De otro modo difícilmente se producirá el incremento en la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población rural. ¿Y qué decir de los términos empleados para encarar el terrible problema de las expropiaciones y de los desplazamientos masivos provocados por el conflicto? Es toda una declaración de ‘wishful thinking’, por añadidura de alto riesgo para los supuestos beneficiarios: «Que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado». Según los datos de la Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), de hecho hasta hoy, a pesar de la vigencia de la Ley de Víctimas, «no hay una sola víctima restituida». Más bien ha habido una «revictimización», ya que buen número de los que reclamaron las tierras que les habían sido arrebatadas fueron asesinados o amenazados de muerte. Y las dimensiones monstruosas del problema desbordan la declaración de intenciones. Son cinco millones y medio de desplazados, y de ellos el 95% no quiere volver. Es difícil entonces que el regreso tenga lugar en dimensiones apreciables, por mucho que se insista en el deseo de favorecer a las víctimas y al pequeño campesino.
No puede ser por ello la solución, pero por lo menos supone una experiencia positiva, apoyada por Gobierno y FARC, sobre estimaciones muy dispares, de la organización de los agricultores en «zonas de reserva campesina», donde pueden protegerse de la violencia y alcanzar una cierta autonomía. Las estimaciones de los dos interlocutores reflejan la inseguridad de los datos, y tal vez diversidad de propósitos: 800.000 hectáreas según el Gobierno, nueve millones y medio para las FARC. Será creado por el Gobierno un Fondo de Tierras para la Paz, como oferta al campesino sin tierras. No se especifica de dónde van a salir.
A pesar de todo ello, el optimismo resulta explicable. El acuerdo sobre la tierra parece reflejar algo muy importante: una voluntad en ambos negociadores de llegar a una conclusión positiva. Existen varias razones que abonan esta idea. Por parte, del Gobierno Santos, fue clara desde muy pronto la intención de llegar a una negociación efectiva, no porque aun muy disminuidas por la presión desarrollada bajo de la presidencia de Álvaro Uribe, resultaba imposible extinguirlas a corto plazo, dados sus importantes recursos económicos –narcotráfico, robos, secuestros– y armamentísticos, así como por su dispersión en zonas fácilmente defendibles. Se acercan además las elecciones presidenciales. Y para unas FARC en retroceso, la ocasión es única, si consiguen mantener después de un acuerdo final los grandes espacios de poder adquiridos en sus zonas de control, verdaderos feudos, donde cobran el «impuesto al gramaje», por gramo de cocaína producida, y desde cuyas áreas de «cultivos ilícitos» organizan su exportación. Esta va a ser una de las claves del desenlace.
Además están ejerciendo de «portadores de los anhelos populares», en palabras de Márquez. La propaganda es todo un éxito: «Somos la voz de las gentes del común, de los campesinos sin tierra frente a las alambradas de las grandes propiedades, de las comunidades rurales resueltas a defender su territorio amenazado por la depredación mineroenergética de las transnacionales». Queremos un fin de conflicto «que nos conduzca a la justicia social», confirma a la revista ‘Semana’ el otro negociador, ‘Catatumbo’, quien apunta a que la organización «asumirá la responsabilidad» sobre los mayores actos de barbarie. En los demás, insisten en la equiparación de las víctimas. «Que cada perro lama sus heridas», es frase atribuida a Iván Márquez. El tema de la justicia está por ser tratado. Hay ya procesos contra paramilitares. Está por ver que los terroristas de las FARC vayan a aceptarlos. Ir a la cárcel, aunque sea por ‘poquitos’ años, para ‘Catatumbo’ «no tiene lógica». Acompañadas por la desaprobación de una mayoría de colombianos, las víctimas posiblemente tendrán que conformarse a corto plazo con «su derecho esencial, el derecho a la verdad». Pensemos que las FARC no han sido derrotadas como ETA.
ANTONIO ELORZA, EL CORREO 29/05/2013