Javier Olaverri, EL PAÍS, 24/7/2011
Sin conexión real de los bancos de datos fiscales de las diversas haciendas, el único beneficiado es el defraudador que dispersa sus ingresos y su patrimonio por el ancho mundo, aprovechando la falta de colaboración entre las haciendas.
Finalmente, parece que va a haber baile en el tema de la Ley de Territorios Históricos (LTH) y de la política fiscal. Y es que la presencia de cuatro partidos en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), uno por cada Diputación mas el Gobierno vasco, ha hecho saltar por los aires todo el edificio político que montaron hace 30 años los foralistas del PNV, apoyados por la derecha estatal, y relanza la discusión sobre cómo repartir el dinero del concierto económico entre Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Ese edificio no estaba previsto para un escenario en el que el PNV solo tenga uno de los seis votos posibles.
Pero el CVF no tiene ni siquiera previsto como resolver un empate dentro del CVF (donde el Gobierno tiene tres de los seis representantes), porque los foralistas eliminaron todos los mecanismos previstos en los proyectos iniciales de la LTH para ese supuesto. Por lo tanto, con la nueva situación política puede ocurrir una de estas dos cosas:
a) Que el Gobierno lleve propuestas al CVF en materia fiscal, o que reasigne las valoraciones de las competencias de las diputaciones a la baja, y que una de las Diputaciones, normalmente la de Gipuzkoa, le apoye. El acuerdo sería aprobado.
b) Que el Gobierno no encuentre apoyo en ninguna diputación, pero que fuerce la votación de su proyecto, algo que hasta ahora nunca ha ocurrido. En ese caso surge un empate y, por aplicación subsidiaria del artículo 22 de la Ley de procedimiento administrativo común gana el gobierno, por tener la presidencia voto de calidad y el acuerdo se aprueba.
En ambos supuestos el acuerdo aprobado en el CVF debe ser aprobado por el Parlamento vasco en votación única y sin posibilidades de enmiendas. Algo que por cierto convendría reformar, permitiendo al Parlamento discutir esa ley como una ley normal.
Y la ocasión la pintan parda. La actual crisis fuerza a todos a impulsar la racionalidad económica y la eficacia administrativa, y la ciudadanía lo sabe. Además, se da la circunstancia de que el Parlamento vasco tiene que aprobar en los próximos meses la Ley de Aportaciones para el quinquenio 2012-2016, donde se tienen que reflejar los criterios de reparto de la recaudación entre las instituciones comunes, las forales y las municipales.
Por lo tanto, el Gobierno vasco tiene la oportunidad, yo diría que la obligación, de proponer para el futuro unas medidas de ingresos y gastos que sean los que se correspondan a la actual situación de crisis y que perfilen un nuevo modelo económico para el país. Hay que romper con la inercia de valorar los gastos futuros de un área concreta (carreteras, bienestar social) en función de lo que se ha gastado en los ejercicios anteriores y sustituirla por una planificación del gasto futuro en cada área económica y social en función de la necesidad de implantar ese modelo nuevo de economía, por ejemplo disminuyendo el peso de competencias como carreteras o puertos menores (que ya están casi terminadas) y elevando el peso del gasto en nuevas tecnologías (biomedicina, energías alternativas, nanotecnología, etcétera) y en formación del personal.
Además, se debe trasladar el ejercicio de cada competencia al nivel institucional más adecuado, que en muchos casos es el Ayuntamiento o la comarca, como por ejemplo en bienestar social, donde existen duplicidades caras e ineficaces. También se debe asegurar la presencia de los Ayuntamientos en el CVF, para defender directamente sus intereses y no depender de la diputación. Por supuesto, habrá que cambiar el sistema de reparto de competencias que se fijó en la LTH de 1981 y reasignar los recursos económicos en función de ese nuevo criterio.
Y queda el tema fiscal. La actuación provincial y aislada es ineficaz en la actual coyuntura y lo será más en el futuro. No es casualidad que tras los acuerdos comunitarios de esta semana para cerrar la crisis griega, haya un consenso creciente de que la Unión Europea debe elaborar una política fiscal común, porque las cosas ya no permiten actuar desde la individualidad. Hasta las nuevas fuentes de ingresos fiscales que se tienen que aprobar para poder mantener el estado de bienestar europeo tienen escala global, como el gravar las transacciones financieras o las emisiones de CO2. Y sin embargo por aquí algunos foralistas siguen pensando en los cotos cerrados provinciales como marco de la fiscalidad.
Y ¿qué decir ante las resistencias foralistas a poner en marcha planes conjuntos de inspección fiscal contra el fraude? Ya hace 30 años, con ocasión de la elaboración de los presupuestos de 1982, el Gobierno vasco del PNV propuso a las diputaciones del PNV un plan conjunto de ese tipo, obteniendo un airado rechazo de las diputaciones que consideraban «vejatoria» la idea. ¡Pues no tiene sensible la piel los foralistas del PNV!
Hoy, el diputado general de Bizkaia (PNV) la sigue rechazando, curiosamente enarbolando la supuesta defensa de la intimidad de los datos fiscales de los contribuyentes. Por lo que se ve, el señor Bilbao no se da cuenta de que si la Hacienda foral quiere conocer la situación fiscal de sus contribuyentes vizcaínos, tendrá que poder acceder a los datos de esos contribuyentes que constan en otras haciendas y viceversa. Es decir, que sin conexión real de los bancos de datos fiscales de las diversas haciendas, el único beneficiado es el defraudador que dispersa sus ingresos y su patrimonio por el ancho mundo, aprovechando la falta de colaboración entre las haciendas. ¿O si se da cuenta, pero no le parece mal?