Comienzan a señalar a los disidentes

Mi mujer, más perspicaz que yo, suele comentarme que en los años ochenta, cuando a nosotros nos tocó ser jóvenes, había bastante más libertad que ahora. Tal vez parezca una hipérbole nostálgica, pero concuerdo. La zarpa regulatoria del Estado no alcanzaba los niveles de intromisión actuales y además imperaba una mayor tolerancia hacia las ideas ajenas.

Lo que está pasando en España es que con guante de seda y puño de hierro se van comprimiendo poco a poco parcelas de libertad. La pinza del alicates aprieta desde dos extremos. De una parte presiona la corrección política, que ha degenerado en formas de censura (y sobre todo, de autocensura). Del otro lado aprieta el llamado «progresismo», que aspira a erigirse en la única ideología aceptable, ya casi obligatoria. La libertad del individuo que se desmarca del rebaño correcto se ve cada vez más espachurrada.

La llegada al poder de Sánchez en junio de 2018 –sin ganar las elecciones y con una alianza entre tinieblas con unos golpistas a los que él mismo acababa de ayudar a frenar– ha supuesto el acelerón de la intolerancia. La debilidad electoral del dirigente socialista lo ha llevado a hacerse con el poder con malas mañas y peores alianzas y recurriendo al arma de exacerbar el guerracivilismo. El resultado es que ya estamos en el pórtico que conduce a los modelos autoritarios: la persecución del disidente.

¿Exagero? Los indicios –o mejor dicho, las pruebas– se acumulan por todas partes. Si un presentador televisivo se atreve a lanzarle alguna pullita crítica a Sánchez en su hormiguero, de inmediato lo prenden en una pira en las redes sociales del régimen. Si los jueces osan anular nombramientos arbitrarios e irregulares del presidente y su camarilla, o se les ocurre recordar la vigencia del Estado de derecho, el epíteto tarda segundos en caer sobre sus crismas: «Fachas togados», que practican la «guerra judicial» y a los que urge meter en cintura.

Si a un periodista que participa en una tertulia del cuasi monopolio televisivo se le ocurre señalar con rotundidad que la amnistía es un disparate y lo de Ginebra, un oprobio, recibe ipso facto las miradas torvas de desaprobación de los presentadores de turno y los tertulianos del Orfeón Progresista. Si un escritor, músico o cineasta es conservador, que se olvide de oler una distinción pública (o de ser convocado a las cuchipandas del turismo cultural). Por supuesto, todos los votantes de los partidos de centroderecha y derecha no son más que una caterva de ultras, a los que hay que encerrar tras un «muro» (el gran timonel dixit). Si defiendes el idioma español y la historia de España, facha. Si eres católico, facha. Si expresas dudas sobre la seudoreligión climática, facha. Si te parece que no se ha inventado nada mejor que la familia de padre, madre e hijos, hiperfacha. Y si crees que llegará un día en que la humanidad se despertará preguntándose perpleja cómo se pudo tolerar una aberración tan clara como el aborto, pues ya ingresas en la categoría de ultramegafacha.

Dentro de esa crecida de persecución de las libertades ajenas, el periódico de referencia del sanchismo (un medio socialista de capital de inversores británico-mexicanos-cataríes) ha considerado que es noticia de portada que un político que ya no está en activo, venerable defensor de España, su Constitución y sus valores cristianos, imparta una conferencia en un colegio católico concertado. Huelga decir que si el conferenciante hubiese sido de izquierda, de extrema izquierda o separatista no les merecería comentario o reproche alguno.

En España ha empezado ya el señalamiento al disidente. ¿Próximo paso? El bondadoso régimen «progresista» empezará a preguntar a la sociedad si es adecuado que la gente sospechosa pueda expresar sus ideas retrógradas con tanta facilidad. Esas «fake» inadmisibles corrompen la arcadia progresista que nos merecemos todas, todos y todes. ¿No debe la «coalición progresista» ir aprobando algún decreto al respecto?