Ni en los tiempos de la mano de hierro de Alfonso Guerra se habrían sentado entre la ejecutiva del PSOE unos miembros propuestos por el primer secretario antes de que el Comité Federal votase para ratificar sus cargos. Y de darse el caso, hasta los más fieles tributarios hubiesen protestado con los estatutos en la mano. Ayer, sin embargo, Sánchez se rodeó de sus nuevos pretorianos sin molestarse en cumplir el más elemental de los procedimientos formales, pero lo más significativo del estado actual del partido es que no se lo hizo notar nadie. Que el máximo órgano colectivo de la formación, teórico depositario de la soberanía de los militantes, pasó por alto el detalle y se sometió sin reparos a una humillante exhibición de caudillaje. Que ninguno de los allí reunidos tuvo arrestos para reclamar siquiera un mínimo de respeto simbólico a su presencia y a las normas básicas del funcionamiento interno. Todos llegaron con aire satisfecho, escucharon la arenga del líder y aplaudieron. El trámite de la votación se produjo a posteriori –y se resolvió por unanimidad, por supuesto– pero de haberse suprimido muy pocos lo habrían echado de menos. En la conciencia de la mayoría, el núcleo dirigente ya había sido electo. A dedo y en flagrante usurpación de una competencia que el propio reglamento socialista atribuye en exclusiva a su congreso. Cómo va a extrañar, después de esto, que el presidente se haya acostumbrado a arrollar los contrapesos del estado de Derecho.

La Constitución, en su artículo 6, manda que los partidos, expresión del pluralismo, se rijan en su estructura y en su actividad por métodos democráticos. Y aunque todos ellos tienden en la práctica a un modelo de hiperliderazgo, el sanchismo se ha deslizado abiertamente hacia un esquema plebiscitario que ha abolido cualquier viso de representación intermedia y por tanto de debate orgánico. Esa fórmula no sorprende en una fuerza de populismo autoritario como Podemos, donde Iglesias fue capaz de someter a una parodia de referéndum la compra de su vivienda, pero resulta inquietante en una organización que por historia y por influencia constituye un pilar político de la España moderna. El jefe del Ejecutivo ha suprimido la separación de poderes dentro de sus filas y tiende a violentarla fuera, donde apenas unas cuantas instituciones le ofrecen resistencia a costa de un forcejeo que debilita el sistema. El mismo desprecio que muestra a su Comité Federal lo siente por el Parlamento, al que ha convertido en una mera instancia de convalidación de decretos, igual que quiere una Corona de mero atrezo y una justicia sumisa a sus criterios. No reconoce otra legitimidad que la del Gobierno, autoinvestido como fuente de la ley, factor de progreso y único referente del pensamiento correcto. En ese contexto, el otrora orgulloso PSOE es un guiñapo que se usa y se tira como un pañuelo.