Comunicación y política

La última filtración de Interior evidencia cómo algunos dirigentes eluden responsabilidades por sus decisiones políticas minimizándolas como meros errores de comunicación. La dimisión del jefe de prensa intenta tapar que el grave error de comunicación era, además, una seria negligencia política que permitió la destrucción de pruebas en una importante operación colocando una innecesaria presión sobre la policía y el juez. El precipitado anuncio de las detenciones es el último ejemplo de los problemas de comunicación y política de ese ministerio. El error comunicativo no puede ocultar que la política que lo ha hecho posible es la que debe cuestionarse en primer lugar: el afán por anteponer la búsqueda de impacto mediático a la necesaria prudencia que requieren complicadas investigaciones policiales y judiciales sobre las que solo debería informarse tras su conclusión. En otros países los políticos no tienen conocimiento de las operaciones hasta su finalización, evitando así la tentación de politizar el trabajo policial. Sin embargo, el ministro ha persistido en una peligrosa política.

En agosto de 2012 anunció en rueda de prensa una de las operaciones «más importantes contra Al-Qaida» al detener a tres «elementos operativos de Al-Qaida extremadamente peligrosos con explosivo suficiente para volar un autobús». La euforia del ministro contrastaba con la preocupación de los profesionales que detuvieron a sospechosos sobre los que los servicios extranjeros habían alertado. Las detenciones eran necesarias al temerse que pudiera perderse su rastro. Sin embargo, las declaraciones del ministro, además de alarmistas, eran imprudentes, pues se carecía del material probatorio para avalarlas. Inicialmente el juez solo envió a prisión a uno de los detenidos ante la falta de pruebas. En las horas siguientes la policía tuvo que buscar contra reloj pruebas judicializables que permitieran su ingreso en prisión. Meses después, los tres fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Ahora se ha vuelto a colocar la misma innecesaria presión sobre la Guardia Civil y el juez, perjudicando una investigación que el Ministerio vendió antes de hora de forma irresponsable.

En contra de lo que algunos políticos piensan, una mala política no deja de serlo porque la comunicación oculte sus carencias. Como Hannah Arendt observó, para algunos políticos una parte de la política consiste en fabricar imágenes y la otra en hacer creer a la gente en ellas. La comunicación deja de ser persuasión para incurrir en manipulación cuando esa construcción de marcos reproduce falsedades, afectando así a la credibilidad de los políticos. En dos años de legislatura el ministro del Interior no acierta ni en la comunicación ni en la política, como muestran las constantes polémicas que ha provocado y los demoledores índices de desaprobación que las encuestas constatan.

Comenzó el ministro elogiando en diciembre de 2011 a sus predecesores en el Gobierno socialista al destacar su trabajo «ejemplar» al frente del Ministerio. Continuó recibiendo en privado al propio Zapatero. Estos errores no lo eran solo de comunicación, pues alimentaban la desconfianza de un electorado que durante años escuchó durísimas críticas a la política antiterrorista de quienes ahora eran curiosamente elogiados. Hoy el Gobierno sigue sin poder disipar las dudas sobre una política antiterrorista que ha generado amplia desconfianza no solo por la comunicación de la misma, sino por sus importantes déficits en cuestiones clave que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición.

Tampoco fue solo un error de comunicación el anuncio en abril de 2012 del ‘plan de reinserción’ que bajó el listón para autorizar los traslados a cárceles del País Vasco. Los presos, viendo que el Gobierno rebajaba sus exigencias al flexibilizar un aspecto de su política penitenciaria, lo definieron como «el primer paso de otros pasos». Sin embargo, Gobierno y Ministerio, al ser criticados solo asumieron, insuficientemente, que el plan se había comunicado mal a la sociedad. La excarcelación de Bolinaga resultó muy dañina para la credibilidad del Gobierno al presentarse como obligado a favorecer al etarra sin que la ley le obligara realmente a ello. Muchos vieron en ese trato de favor una injusticia, una inmoralidad y un engaño. Difícilmente podía la comunicación tapar una decisión política tan nefasta para un Gobierno que actuaba como sus predecesores: aparentando una firmeza que ocultaba lo contrario.

Lo mismo ocurrió con la sentencia de Estrasburgo, pues el Gobierno demostró falta de voluntad política e ineficacia para evitar una condena que agudizó la desconfianza de los ciudadanos. El propio ministro contribuyó a aumentar la alarma social al enfatizar su indignación por la excarcelación de criminales que tildó de muy peligrosos mientras se declaraba «impotente». El célebre «llueve mucho» del presidente tras la sentencia evidenció una desidia política que se intentó tapar con las fotografías con las víctimas del terrorismo. Su eficacia fue limitada, pues las acciones del Gobierno revelaban demasiadas incoherencias entre su discurso asegurando determinación y sus insuficientes actuaciones.

Algo similar ocurrió con las declaraciones de ministro y secretario de Estado al expulsarse de Noruega a la cúpula etarra. El suceso no probaba, al contrario de lo que subrayó el Gobierno, que este no negociaba con ETA. Tampoco demostraba que negociaba. Lo que sin duda alguna demostraba era que tres terroristas en busca y captura no habían sido detenidos, restando credibilidad a los reiterados pronunciamientos de los responsables de Interior al asegurar que «el Estado no baja la guardia» y que a los etarras se les perseguirá «allá donde se encuentren». Estos y muchos otros comportamientos confirman que la falta de confianza en el Gobierno surge tanto de la propia política antiterrorista como de la forma de comunicarla. Comunicación y política son inseparables.