ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN
El dilema de Ciudadanos es comprensible. Pactar indirectamente con Vox el Gobierno de Andalucía tendrá un coste
EL dilema de Ciudadanos es comprensible. Nacido con vocación de bisagra capaz de articular mayorías de centro-derecha o centro-izquierda, consciente de su responsabilidad como muñidor de grandes pactos de Estado indispensables para abordar las graves cuestiones pendientes en el horizonte de nuestra Nación, al partido de Rivera le cuesta verse asociado a Vox, que se escora hacia el extremo del arco ideológico. Lógico. Así, a palo seco, sin una contextualización precisa del actual escenario político, es prácticamente imposible que sus socios liberales europeos y muchos de sus votantes españoles entiendan la aceptación de ese compañero de cama no solo distante en términos programáticos, sino portador del estigma totalitario que le han colgado la mayoría de los medios de comunicación. Las mismas televisiones que dispensan a la izquierda radical podemita un trato rayano a menudo en el servilismo y la adulación. Pactar directa o indirectamente el Gobierno de Andalucía con la formación de Santiago Abascal va a tener un coste para los naranjas, no cabe duda. De ahí que sea ineludible por su parte una explicación exhaustiva del porqué, el cómo y el para qué de esta relación temporal cuya base no ha de ser el amor o la simpatía, sino el puro interés patriótico. Patriótico, sí, toda vez que lo que está en juego es el futuro de España.
Ciudadanos ocupa orgullosamente el centro del mapa, lo que a día de hoy no puede ser equivalente a situarse en la equidistancia entre PP y PSOE. No puede serlo porque el PP de Pablo Casado es un defensor inequívoco de la Carta Magna y el Estado de Derecho, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez ha optado por asumir parte del discurso independentista, a costa de socavar gravemente la autoridad del Tribunal Supremo que debe juzgar el golpe de Estado perpetrado el 1-O en Cataluña, con tal de acceder al poder a pesar de haber sido vapuleado en las urnas. El PP de Casado es por ello un socio en quien se puede confiar para consensuar un acuerdo respetable, mientras que el PSOE de Sánchez ha elegido echarse en brazos de fuerzas antiespañolas y anticonstitucionales, evidentemente incompatibles con el respeto a la legalidad y a España. Lo cual debería resolver sin más el dilema al que se enfrenta Albert Rivera, digan lo que digan al respecto los autoproclamados guardianes de nuestras esencias democráticas.
Con el PSOE de antaño se podía hablar e incluso compartir gobierno. Si algún día vuelve a su ser (esperemos que lo haga pronto) recuperará plenamente su condición de interlocutor válido para tratar de asuntos tales como la crisis demográfica, la financiación autonómica, el sistema de pensiones, la Educación o la ley electoral, cuyo abordaje eficaz requiere mayorías cualificadas. Con este socialismo de taifa no hay entendimiento posible. Y aunque Andalucía sea el feudo de Susana Díaz, enemiga jurada del usurpador, la disciplina o el miedo han primado sobre cualquier otra consideración y ella no ha abierto la boca para denunciar la indignidad con la que él paga la poltrona. Por eso es justo y necesario mandarla a la oposición. Fraguar un pacto a tres que incluya el beneplácito de Vox e implique tener en cuenta alguna de sus propuestas no solo no desdora los blasones de renovación que adornan la enseña ciudadana, sino que responde exactamente a la voluntad del pueblo andaluz. La lealtad a los principios siempre es mejor consejera que el «qué dirán» o los complejos.
P.D.: Insultar a Rivera o Marín en las redes sociales no parece ser la mejor estrategia para ayudarles a decidirse y facilitar el acuerdo.