Con la lección aprendida

Como en Euskadi le ocurrió a Ibarretxe ,a Artur Mas no le han seguido en su aventura independentista ni socialistas ni populares, además de Ciutadans de Cataluña, esa fuerza constitucionalista emergente que busca sin complejos unir fuerzas para hacer cumplir la ley. Que ése es el principal problema que acaba de dejar sobre la mesa el presidente de la Generalitat, arropado a la par que presionado por Esquerra republicana y CUP, al convocar un referéndum que sabe de antemano que no se va poder celebrar.
La única referencia que tenemos en la España democrática sobre alguna iniciativa de proceso soberanista reside en Euskadi. Por eso estos días la sombra de Ibarretxe se ha proyectado sobre toda clase de análisis políticos que han recordado cuando el exlehendakari, que se negaba a resignarse al rechazo de su plan de nuevo estatus vasco, anunció una consulta, tres años después. La convocatoria de un referéndum había sido aprobada en el Parlamento vasco mediante una ley de consulta. Era el 2008. Pero el Gobierno de Zapatero lo impugnó ante el Tribunal Constitucional. Sin dilación. La propia vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, declaró en aquella ocasión que «si es legítimo plantear y aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento vasco, también lo es impugnar esa iniciativa». Y el Tribunal Constitucional declaró ilegal la consulta por la sencilla razón de que invadía competencias del Estado.
Artur Mas no está haciendo otra cosa, y eso lo sabemos bien los observadores vascos que mantenemos línea abierta con Cataluña, que seguir las huellas que dejó Ibarretxe en su fracasada hoja de ruta. De ahí la sensación generalizada, incluidos los dirigentes de CiU, de que la consulta, al no ser legal, no podrá celebrarse. Por mucho que los radicales de Esquerra y CUP quieran cincelar en mármol el eufemismo del derecho a decidir. Artur Mas podrá haber ganado un año en la gestión de un Gobierno tan incapaz de afrontar la crisis, pero sabe que su consulta topará con el Tribunal Constitucional, con el PP y PSOE que unirán sus votos en el Congreso para frenar el referéndum y con varios artículos del Código Penal que inhabilitan a los responsables públicos que se saltan las leyes.
La lección ya la aprendió Ibarretxe. Después del rechazo del Congreso a su plan de nuevo estatus y de la impugnación en el Tribunal Constitucional de su consulta, en vez de desafiar a la legalidad, convocó elecciones anticipadas con carácter plebiscitario, que arrojaron un resultado que el PNV todavía lamenta porque no obtuvo la mayoría necesaria para formar Gobierno.
Por eso ahora el lehendakari Urkullu, que no quiere recordarnos a Ibarretxe ni parecerse a Mas, sigue marcando distancia en el manejo de los tiempos y en la ambigüedad calculada sobre su propuesta de nuevo estatus. Se comprometió a presentarla en esta legislatura. Se ha venido resistiendo hasta ahora, parapetado en otras prioridades. La crisis económica y la convivencia después de ETA. Ha jugado, incluso, a dilatar las fechas que puedan servir de orientación a los ciudadanos a la hora de imaginar una Euskadi más soberana, todavía. Pero la tormenta desatada en Cataluña le empieza a condicionar. Si no ha querido profundizar en su proyecto es debido a que no quiere incurrir en el error que cometió su antecesor Ibarretxe, provocando una fisura tan profunda en la sociedad vasca que muchos no quieren ni recordar.
Urkullu no difiere de sus clásicos. Pero no quiere volver a provocar una fractura irrecuperable si plantea una relación « de igual a igual» entre Euskadi y «España», como soñó su antecesor. El PNV de Urkullu quiere que se reconozca la «nación vasca» mediante una enmienda de adición en la Constitución reformada , en los términos en los que lo aprobó el Parlamento vasco en 1990. Por eso quiere pactar con el Gobierno. Tiene, pues, un dilema. Está dividido entre lo que quiere y lo que sabe que puede hacer.
Por eso habría preferido actuar sin prisa, a pesar de la presión de la izquierda abertzale. Pero, a estas alturas, es toda la oposición la que le requiere para abrir ya ese debate en sede parlamentaria. Andoni Ortuzar , después de haber hecho su ronda de partidos, calcula que la ponencia sobre el nuevo estatus vasco se podría constituir en primavera. Para entonces se habrán producido muchos movimientos. No sólo en Cataluña.
Los impulsores de la cadena humana prevista para junio de 2014 han empezado a tejer su red geográfica para unir Pamplona con Durango. Cuentan con muchas ayudas, entre las que figura la partida de financiación que les concederá la Diputación de Gipuzkoa en cuanto apruebe sus Presupuestos, con la colaboración del PNV. En sus cuentas prevé un fondo de 200.000 euros destinados a financiar «la construcción nacional y la normalización política». Es una pista. Hechos son amores. El PNV tendrá que apostar por la integración y la estabilidad social. Un paso en falso y la izquierda abertzale terminará por ocupar su espacio, que es lo que le está ocurriendo a CiU en Cataluña.Mas ha cruzado ya varias líneas rojas que delimitan la lealtad política de un responsable institucional fijando pregunta y fecha de una consulta unilateral. Pero acuñar el eslogan con proyección internacional ‘Let us vote’ (‘dejadnos votar’. ), sugiriendo que los ciudadanos catalanes no viven en democracia, es de una miseria política y moral que acabará pasándole factura. Esa situación tan disparatada ya se vivió en Euskadi. Con la lección aprendida, cabe esperar que el lehendakari Urkullu no vuelva a repetir los errores ajenos.