No hay duda de la disposición de Sánchez a otorgar a los golpistas de 2017 mucho más de lo que la Constitución le permite. Decir que está forzando las costuras del sistema se queda corto. Eso lo hace desde que llegó al poder. Ojalá las costuras fueran todavía reconocibles en los tres poderes y en el TC. Lo que se urde es un desgarrón para inutilizar la cobertura jurídico-política del régimen del 78.

El temor a las palabras no debe prevalecer, llamemos a las cosas por su nombre: autogolpe. La peor consecuencia de la amnistía sería la inversión de las legitimidades. En democracia, lo legal y lo legítimo coinciden. Un Estado en el que no se dé tal coincidencia no puede llamarse democrático. No hay eufemismo, no hay neolengua que altere eso. Llámenle a la amnistía «alivio penal», que nada cambia: seguirá siendo un indulto general (expresamente prohibido) con mayores consecuencias: al borrado de penas y causas se sumaría el de los antecedentes penales. Es esa ilegalidad agravada lo que trasciende la irregularidad jurídica para situarnos en un accidente político irremediable: un cambio de régimen. Las amnistías son propias de ese supuesto extremo.

Ya tuvimos cambio de régimen, de la ley a la ley, por cierto, con el paso de la dictadura a la democracia de la que aún gozamos. La que ha procurado tanta prosperidad, nuestro ingreso en la Unión Europea –que entonces llevaba otro nombre–, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y, por encima de todo, la garantía por parte del Estado de nuestros derechos y libertades reconocidos (no otorgados) por la Carta Magna. Aquel cambio de régimen se selló en 1977 con una amnistía. Otorgar otra, insisto, conllevaría otro cambio de régimen. Uno donde el principio de igualdad cederá ante una España desigual: territorios privilegiados frente a otros de segunda. Una donde se premiará a los desleales acercándoles a sus fines, contrarios a la Constitución y a la unidad de España en que aquella se fundamenta.

Lo último que necesitamos en esta tesitura es fatalismo. De momento, junto a las imprescindibles movilizaciones sociales, los planes de Sánchez pueden ser detenidos o demorados (esto con Puigdemont tiene más importancia de lo que parece) por algunas barreras: el PSOE tiene que proceder a la ilegal legitimación de los golpistas y la aún más ilegal deslegitimación del Estado. Están las dilaciones del Senado. Luego está la cuestión de constitucionalidad que algún juez o tribunal planteará y que suspenderá los efectos de la amnistía. Está al final un TC de cuyos miembros mayoritarios ‘progresistas’ (vaya etiqueta) se espera el aval unánime a una ilegalidad flagrante. ¿Están seguros de tenerlos a todos atados? Ojo al íter, por tanto, sociedad movilizada y fuera fatalismos. La nación (es decir, los españoles) no va a permitir el autogolpe de Sánchez. Se lo decimos con tanta serenidad como firmeza.