La decisión del Congreso de los Diputados de instituir un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo cada 27 de junio, día en el que en 1960 murió asesinada la niña Begoña Urroz, fue adoptada hace un año por todos los grupos parlamentarios. Las instituciones democráticas están obligadas a restituir a las víctimas el daño moral causado durante el tiempo que fueron orilladas de la vida oficial, como si acallando su testimonio la democracia tratara de soslayar los efectos más dolorosos del terror. Pero las significativas ausencias de muchas de las asociaciones más representativas de las víctimas y la protocolización misma del homenaje de ayer obliga a todas las instituciones a reflexionar sobre el sentido que han de cobrar tales actos de reconocimiento. La voz de las víctimas es plural, y ni siquiera desde su pluralidad puede fijar en exclusiva los términos en los que la democracia ha de combatir al terror o protegerse frente a sus secuelas políticas o morales. Pero no cabe imaginar una libertad plena sin contar con esa voz diversa como conciencia crítica de una memoria que la sociedad y las instituciones tienden a relegar a un plano secundario.