Editorial, DIARIO VASCO, 28/6/11
El juicio que ayer dio comienzo en la Audiencia Nacional contra Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga y otras seis personas acusadas de formar parte de un comité denominado Bateragune, dispuesto según el sumario judicial para restablecer la actuación de la extinta Batasuna bajo las directrices y supervisión de ETA, adquiere una nueva dimensión trascurridos casi dos años desde que se instruyera el sumario y después de que a través de Bildu se haya producido la legalización de facto de los herederos de la formación disuelta judicialmente. Pero el veredicto de la Sala no puede versar sobre los deseos que subjetivamente pudieran albergar los encausados a comienzos de 2009 respecto al futuro de la violencia terrorista, sino sobre su pertenencia o no en aquel momento a un órgano presuntamente establecido por ETA para dirigir a la izquierda abertzale tras su brutal ruptura de la tregua de 2006 con el atentado de Barajas el 30 de diciembre de aquel mismo año. Parece verosímil que los veteranos Otegi y Díez Usabiaga y los más jóvenes Arkaitz Rodríguez o Miren Zabaleta tuviesen ya entonces la intención de forzar el paso de la izquierda abertzale para encaminar a la banda terrorista a un paulatino e irreversible abandono de su actividad violenta. Pero tanto su actitud públicamente gregaria respecto a ETA tras el doble asesinato de la T-4, como su seguidismo inmediatamente posterior respecto a los designios de la banda, su negativa a emplazar a ETA a disolverse tras la declaración del alto el fuego de septiembre de 2010 o su resistencia a juzgar críticamente el pasado terrorista restan credibilidad en términos jurídicos a la inocencia proclamada. Máxime cuando ante el tribunal Díez Usabiaga y Otegi trataron de demostrar la solidez de su distanciamiento respecto a la «lucha armada» no tanto en base a consideraciones de orden ético, sino apelando a la necesidad que los abertzales de izquierdas tienen de desembarazarse de las armas para obtener mayor apoyo social, y a lo pernicioso que para sus intereses sería la vuelta de ETA a las andadas. Es posible que quienes prestaron cobertura política al terrorismo etarra se zafen de la responsabilidad histórica contraída en el pasado mediante su rehabilitación política. Pero, sea condenatoria o no la sentencia que en este caso emita la Audiencia Nacional, los delitos del pasado, si los hubiera, no pueden ser objeto de una exoneración judicial paralela.
Editorial, DIARIO VASCO, 28/6/11