A diferencia de otras instituciones del Estado, a las que se dedican variadas disposiciones específicas, la Conferencia de Presidentes ni siquiera es objeto de mención en el texto constitucional. Y trascurridas ya más de cuatro décadas desde su aprobación carece también de regulación legislativa. Tan solo una breve orden ministerial (de 19-12-2009) se ocupa de esta institución, que ha tenido un destacado protagonismo político con motivo de su XXIV reunión en Salamanca; y que a pesar del ninguneo, tanto constitucional como legislativo, de que es objeto podría, y debería, jugar un importante papel en la estructura institucional del Estado autonómico.

La situación que estamos sufriendo como consecuencia del Covid-19 proporcionaba una buena oportunidad para el asentamiento de este órgano, aunque solo sea porque la pandemia proyecta sus efectos sobre todas las autonomías sin distinción y así va a seguir haciéndolo por un periodo que no es posible predecir cuándo va a finalizar. No es casual que haya sido durante este periodo, muy especialmente durante el estado de alarma de la primavera de 2020, cuando la Conferencia de Presidentes tuvo mayor actividad. No ha ocurrido así durante el último estado de alarma, cuando su actividad se ha limitadao a la reciente reunión en Salamanca.

Una de las lagunas más llamativas del diseño constitucional de nuestro Estado autonómico es la ausencia de instancias de cooperación entre el Estado y las comunidades, así como de éstas entre sí. Es algo que en los sistemas federales, muy especialmente en el modelo conocido como federalismo cooperativo, tiene un lugar central para articular las relaciones entre los poderes federales y los de los entes federados; en nuestro caso sería entre el Estado y las autonomías. A falta de instancias de este tipo en nuestro sistema institucional -carencia que debería ser subsanada lo antes posible- la Conferencia de Presidentes puede cumplir una función instrumental para paliar el déficit institucional en este terreno.

Ahora bien, para ello hay que plantear las cosas de tal forma que la ninguneada, tanto legislativa como constitucionalmente, Conferencia de Presidentes pueda cumplir de facto la función proactiva que le corresponde (o debería corresponderle) en las relaciones Estado-comunidades autónomas; o, al menos, no impedir que pueda contribuir en la práctica a facilitarlas con su mediación. Que es lo que no se ha hecho (más bien todo lo contrario) en la reciente cita de Salamanca, en la que más que para articular las relaciones de cooperación estatal-autonómicas en asuntos de indudable interés común -eurofondos y respuestas a los efectos de la pandemia- ha dado la impresión de que eran otros los temas que centraban la atención de los participantes.

Para lo que sí ha servido esta cumbre, como era de esperar dado el ambiente político reinante, es para publicitar la confrontación sobre todas las cuestiones habidas y por haber, aunque no guarden mucha relación con el objeto específico de la cita, que habría que enmarcar en las relaciones de cooperación entre el Estado y las comunidades para afrontar los problemas comunes. Pero en vez de aprovechar el marco que proporcionaba el encuentro para acordar las bases de un trabajo en común que permita afrontar los problemas compartidos, que los hay y muy importantes, se ha aprovechado la ocasión, una vez más, para exhibir los desacuerdos; en la mayoría de los casos, además, sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto de la reunión.

El formato de esta Conferencia de Presidentes dista mucho de ser el más apropiado para que encuentros como éste sirvan para algo realmente productivo y efectivo. En este sentido, convendría tener presente que reducir la Conferencia de Presidentes a un acto solemne, sin que previamente haya habido una participación y un trabajo en común de las representaciones del Ejecutivo central y de los autonómicos, es un formato del que solo cabe esperar la correspondiente foto difundida por los medios. Que es lo que ha ocurrido en esta ocasión y lo que sería preciso evitar en posteriores sesiones para que este organismo pueda tener un papel efectivo en el entramado institucional autonómico.

La Conferencia de Presidentes puede ser un instrumento muy útil en las relaciones entre el Estado y las autonomías, en especial para canalizar la cooperación intercomunitaria y con el Estado en el tratamiento de los problemas comunes. Pero para ello, además de dotarla de un marco legislativo (y constitucional) del que hoy carece, es necesario que la actividad política que se despliegue en torno a ella contribuya a su asentamiento institucional y no a su utilización instrumental como un campo de batalla para dirimir en él otras cuestiones ajenas a las propias de la cooperación entre el Estado y las comunidades, la principal función que debe cumplir un organismo como la Conferencia de Presidentes y que es más que dudoso que se haya satisfecho en la cita de Salamanca.