Cuando cae la seguridad en la red, no solo quedan expuestas dramáticamente las personas. También la credibilidad de lo público y la capacidad de prevención, garantías básicas del Estado. El accidente, el segundo que desgarra este año la línea Madrid-Sevilla, agrava la crisis de confianza por la que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez, que afronta el complicado reto de sacar al país del atolladero con las mismos responsables que lo han empujado a él.

La colisión entre dos trenes es el trágico colofón a una sucesión de fallos del sistema. Empezó en la dana de Valencia, con una negligente respuesta a una emergencia letal. Y ha seguido en el apagón, el descarrilamiento en Adamuz -por un problema en la soldadura de carriles desfasados- y la entrada masiva de migrantes en Ceuta, en una avalancha que aparentemente nadie supo ver ni frenar.

La solidaridad ciudadana con las víctimas, por muy ejemplar y loable que ha sido siempre, no puede convertirse en la coartada para enmascarar las carencias del Estado ni para sustituir la responsabilidad que corresponde a las instituciones. Sin la seguridad que requiere la alta velocidad, es imposible que circulen con normalidad los mil ferrocarriles que utilizan diariamente la red, con más de 100.000 viajeros a bordo y a casi 300 kilómetros por hora. Subirse a un vagón no puede ser hoy un acto de fe en España.

La legitimidad del sistema no solo se basa en el voto, sino en la certidumbre de que los servicios funcionan y que lo harán bien. Que llegan las alertas antes de una riada, que la luz está garantizada haga frío o calor, y que el tren alcanza su destino y a su hora. Reconstruir la confianza quebrada requerirá algo más que una investigación. Exige que el modelo vuelva a ser fiable. Será difícil retomar la calma que requiere esta tarea con 69 ataúdes enfrente, dolorosas despedidas pendientes y un funeral de Estado por celebrar.