La investidura de Pedro Sánchez tiene plena legitimidad de origen y es fundamental reconocerlo. Ha armado una mayoría parlamentaria y nada obsta su nombramiento de pleno derecho como presidente del Gobierno. Otra cosa es que todos sepamos el precio. Y ahí es donde entra la legitimidad de ejercicio, un concepto que se refiere al cumplimiento correcto de su cometido y a su observancia del orden jurídico. A tal respecto, la ley de amnistía supone un pésimo principio porque violenta la Constitución probablemente en letra y con seguridad en espíritu. Y ahí es donde va a quedar interpelada la responsabilidad y la autonomía política de los diputados socialistas a quienes el proyecto suscita dudas u objeciones tácitas o explícitas.

En este sentido, cabe asimilar sin reproche que estos parlamentarios hayan respaldado la elección de Sánchez. Por convencimiento, por disciplina de partido o por entender que ésa era la voluntad de sus votantes. Nada que objetar; iban en las listas del PSOE y tanto ellos como sus electores conocían de antemano al personaje. Pero a partir de ahora entramos en el territorio de la moralidad, de la justicia y del respeto a las reglas. La impunidad de los separatistas no estaba en ningún programa, más bien al contrario, y por tanto no existe ninguna promesa que los vincule o les obligue a soslayar sus reticencias. La ley prohíbe de manera expresa el mandato imperativo para dejar al representante de la soberanía popular libertad plena: puede y debe decidir de acuerdo con sus convicciones éticas.

A partir de ahora ya no hay disculpas ni paliativos ni coartadas. El voto afirmativo al proyecto en tramitación significará su íntegra aceptación sin salvedades ni suspicacias: un sí rotundo a la extinción completa de todas las causas –incluidas las de malversación y actividades terroristas– vinculadas a la insurrección catalana. Se acaba el margen de contemporización, de matices y de reparos con boca chica y en voz baja. Llega el momento de dar la cara ante el electorado de Andalucía, Extremadura o La Mancha. De enfrentarse cada uno al dilema de la responsabilidad weberiana y de resolver sus personales problemas de lealtad o de confianza.

De esa suma de decisiones individuales depende el carácter legítimo de la acción –no de la conformación, como queda dicho– del nuevo Ejecutivo, cuyo rumbo político conduce a un conflicto institucional, a una sociedad dividida y a un Estado desarmado a merced del independentismo. La amnistía es la clave de la legislatura, su soporte estratégico, su pieza maestra, y también la última frontera entre el constitucionalismo y una operación destituyente encubierta. Si queda algún diputado con reservas va a tener oportunidad de resolverlas pronunciándose en conciencia. Que rima en asonante con conveniencia pero también con convivencia y con congruencia. Y sobre todo, con decencia.