IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

Ocurre todos los años y este lo tiene asegurado y, además, en grado extremo. Me refiero al optimismo de base que siempre sustenta la presentación de las Cuentas públicas. Los Presupuestos son un cálculo de ingresos que han de afrontar una serie de gastos. Los segundos dependen de la voluntad del Gobierno y de sus ganas de aguantar las demandas sociales que son, por definición, infinitas. Por eso rara vez se quedan cortos; y cuando lo hacen, es más por la incapacidad del Gobierno de turno para gestionarlos que por la desaparición de dichas necesidades. Por el contrario, los primeros se expresan como un deseo, como una estimación de lo que van recoger las arcas públicas en función de los datos impositivos de partida -eso sí depende en parte del Ejecutivo-, pero más de la evolución real de la economía a lo largo del año.

Este año el error en la previsión de ingresos está asegurado, una vez que los cálculos de base de los ingresos no han previsto el recrudecimiento de la pandemia y sus nuevas restricciones a la movilidad; mientras que los gastos podrían quedarse cortos debido al más que previsible deterioro del empleo y al aumento de las necesidades de refinanciación de los créditos concedidos para aliviar las carencias de liquidez de las empresas.

Pero eso será ‘a más a más’ ya que, en cualquier caso, tenemos unos Presupuestos que contemplan un aumento enorme de los gastos, una vez que el Gobierno ha decidido satisfacer todas las demandas sociales y evitar cualquier motivo de disgusto para cualquier grupo. El vicepresidente segundo ha anunciado con gran solemnidad que «la austeridad ha desaparecido», sin ser consciente de que lo que está a punto de desaparecer es el dinero, el público y el privado. A corto plazo habrá dinero europeo -si no hacemos las cosas de manera negligente- y no tendremos restricciones a su uso, pero en 2021 es seguro que mirarán las cosas con mucha mayor atención y separarán en detalle los gastos sanitarios motivados por la pandemia del resto. Y, dentro de ese resto, se fijarán en su efecto sobre la recuperación.

Esa es otra. Todos los países del entorno, con mucho mejores datos económicos, han optado por bajar los impuestos para dinamizar la economía. Aquí hemos decidido subirlos a las rentas altas y las grandes empresas, por más que su impacto en la recaudación será escaso y su potencial dañino elevado, al castigar a los que crean empleo, que es la peor manera de encarar la creación del empleo que necesitamos. Por si hubiera dudas, en el Impuesto sobre el Patrimonio se pretendería acabar con la política de Madrid que ha demostrado justo lo contrario: que con menos presión fiscal se puede conseguir una recaudación mayor.