Editorial, EL CORREO, 20/6/11
La indignación de los ciudadanos que se manifestaron ayer ha de conciliarse con las instituciones y los intereses comunes de los españoles
Los integrantes del 15M movilizaron ayer a decenas de miles de ciudadanos en toda España, que marcharon secundando la llamada contra el Pacto del Euro y adhiriéndose a un sinfín de reivindicaciones de justicia social y de más democracia. El movimiento de los ‘indignados’ ratificó ayer su carácter pacifista demostrando una capacidad de convocatoria que augura nuevas iniciativas. Sus integrantes reflejan la honda inquietud que afecta al conjunto de la sociedad respecto al futuro de precariedad que pudiera dejar como herencia la crisis y la contestación de quienes se ven obligados a pagar sus consecuencias mientras nada cambia en el universo financiero. Se trata de un fenómeno plural que probablemente vaya evolucionando desde su espontaneidad inicial a alguna forma de organización. Un movimiento que adquiere en el caso de Cataluña connotaciones singulares, con un mayor acento antisistema. Pero la representación que ejerce del disgusto social no puede llevar al 15M ni a creer que encarna la voluntad de la mayoría de los españoles ni a denunciar el «servilismo del sistema de partidos hacia los intereses económico-financieros» hasta el punto de deslegitimar las instituciones de la democracia. No solo porque el ejercicio de la política en un sistema de sufragio universal permite a los ciudadanos un nivel de participación en los asuntos públicos que nunca se ampliará si se tratan con desdén el valor del voto, los mecanismos de control y los contrapesos que ofrece la división de poderes en una democracia parlamentaria. También porque hay un espacio de confluencia entre esos intereses económico-financieros tan denostados que dominan los mercados y los comunes al conjunto de la sociedad. El logro del bienestar y la realización de la justicia social requieren unos mínimos de crecimiento económico, y el mantenimiento de las prestaciones y servicios públicos no puede conducir a la bancarrota fiscal, si no es al precio de que se incrementen aún más las desigualdades. Es lo que ocurriría si las economías del euro se quedasen empantanadas en la crisis. Las instituciones y los partidos, así como las diversas organizaciones representativas de la sociedad, deberían establecer con el Movimiento 15M un diálogo más franco que el que resulta de su tan respetuosa como indiferente contemplación del fenómeno.
Editorial, EL CORREO, 20/6/11