ABC 22/03/16
EDITORIAL
· Es tarea del Gobierno asistir a todas las Administraciones para evitar impagos, pero también limitar dichas ayudas e impedir excesos a costa de todos los contribuyentes
LA delicada situación financiera que sufre Cataluña ha dejado que afloren las distintas sensibilidades del Gobierno sobre la financiación autonómica. La falta de liquidez que atraviesa la Generalitat complica la devolución de parte de su deuda a corto plazo a algunas entidades financieras, cuya cuantía ronda los 1.600 millones de euros. El ministro de Economía aboga por convertir esos créditos en deuda a largo plazo para que pasen a depender del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y, por tanto, sean sufragados por el Estado, tal y como le reclamó el vicepresidente catalán. El Ministerio de Hacienda, por su parte, prefiere analizar caso por caso, con el fin de financiar tan solo aquellos vencimientos que las autonomías no puedan abonar por sus propios medios, evitando caer en una especie de barra libre. Los ministerios de Hacienda y Economía están llamados a entenderse en una cuestión capital, como es la transformación o no de préstamos regionales en deuda a largo plazo a cargo del FLA. El Estado no pude dejar caer a ninguna comunidad, por mal que hayan hecho las cosas, pero tampoco presentarse como la tabla de salvación para los peores de la clase, perpetuando así un descontrol regional que es vigilado muy de cerca, y con serias advertencias, por Bruselas. Ceder ante las demandas de Cataluña implicaría la extensión de esta política de manga ancha al resto de comunidades autónomas, con lo que el Estado acabaría asumiendo una factura extra de más de 9.000 millones de euros en créditos a corto plazo de las regiones con la banca. Esta generalización provocaría incentivos perversos, ya que las autonomías más díscolas y despilfarradoras serían premiadas a costa de las más responsables y eficientes.
Los problemas financieros de Cataluña no derivan del falso y maniqueo «España nos roba» que han difundido los independentistas con el objetivo de construir su particular utopía política, sino que son consecuencia directa de la gestión económica que ha llevado a cabo la Generalitat en los últimos años. Cataluña ha incumplido todos los objetivos de déficit comprometidos, pese a sus constantes subidas de impuestos, tras haberse negado a recortar el gasto superfluo que abunda en su sector público. Prueba de ello es que acumula la deuda autonómica más alta, con más de 72.000 millones de euros, y concentra la mayor parte de las ayudas repartidas por el FLA, mientras que Madrid, por el contrario, ha logrado mantener su déficit a raya. Es tarea del Gobierno asistir a todas las administraciones para evitar impagos y mantener los servicios públicos esenciales, pero también limitar y condicionar dichas ayudas para impedir excesos e irresponsabilidades políticas a costa de todos los contribuyentes.