Contra la resignación

Define el Diccionario de la Real Academia Española la resignación como «conformidad, tolerancia y paciencia en las adversidades».

Uno puede practicar la resignación a título exclusivamente personal, pero no puede imponérsela a otro para que se conforme con las adversidades a las que tenga que enfrentarse. Y si no puede hacerlo un ciudadano anónimo, aun menos puede hacerlo un gobernante que tiene la obligación, legal y moral, de preservar de las adversidades a los ciudadanos a los que en el desempeño de sus cometidos sirve. No puede pedirles que se resignen. La resignación, nunca puede ser impuesta.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado jueves, 3 de septiembre, el presidente del Gobierno describió lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una gran crisis migratoria. A diferencia de lo manifestado en la propia Ceuta el día 31 de julio, cuando afirmó que lo sucedido el día anterior había constituido un ataque a la integridad territorial de España en Ceuta, un mes más tarde, como ha hecho ya en innumerables ocasiones, cambió su interpretación radicalmente, para, en este momento, calificar lo sucedido como una crisis migratoria.

Manifestó que, ante la carencia de información previa, cosa que ya nadie cree en España, ni siquiera dentro de su propio Gobierno, como ha manifestado la ministra de Defensa, ni en Europa, ni en parte alguna del mundo, al verse sorprendidos con las primeras embestidas de la avalancha humana en la mañana del 30 de julio, los escasos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes en la zona, antes de contribuir a la inseguridad de los asaltantes obstaculizándoles el paso, prefirieron franqueárselo para que no sufrieran daños.

Aseguró que, si hubieran ofrecido resistencia o tratado de obstaculizarles el paso, a lo mejor, el número de víctimas habría sido superior al de las 145 personas que perdieron la vida por ahogamiento (sólo tenemos evidencia de las 82 que fueron recogidas por las Fuerzas de Seguridad españolas, 76 de cuyos cadáveres se negó a repatriar el Gobierno de Marruecos en una muestra de la falta de colaboración de las autoridades marroquíes que los miembros del Gobierno se empeñan en negar).

No se planteó el presidente del Gobierno en su intervención que, en sentido contrario, quizás la oposición contundente al esfuerzo asaltante hubiera evitado los ahogamientos al hacer conscientes a los asaltantes de que la entrada por esa vía no era posible y por lo tanto no habrían intentado forzarla perdiendo, lamentablemente, la vida en el empeño.

Por no mencionar, adicionalmente, el número de actuaciones delictivas que, tras el asalto, se vienen produciendo en Ceuta en forma de agresiones sexuales y de ataques contras los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Actuaciones delictivas que, quizás, no habrían tenido lugar de no facilitarse el forzamiento de la frontera por parte de los escasos agentes de la autoridad presentes sobre el terreno sin los recursos ni las directrices suficientes para hacer su tarea.

En todo caso, la cuestión no se sustancia en lo que habría sucedido si se hubiera obrado de otra manera. Se hizo lo que se hizo y los resultados de ello son los que se han de asumir por haber actuado de esa manera y no de otra. Y es que, como decía al principio, la administración no tiene la potestad de imponer a sus ciudadanos la resignación ante las adversidades de las que tiene la obligación de preservarles.

Vino a decir el presidente del Gobierno en su intervención ante el Congreso de los Diputados que, como el desequilibrio económico entre ambos lados de la frontera era tan grande, no cabía esperar más que el que este tipo de vulneraciones de la frontera se repitiesen en el futuro y veía difícil que se pudiera actuar de manera diferente a como se ha actuado en esta ocasión. Que, si construyéramos un muro de diez o de veinte metros de alto, desde el otro lado del muro encontrarían la escalera lo suficientemente alta para sortearlo mientras no se solventase el desequilibrio económico entre ambos lados de la frontera.

Se trata, sin lugar a dudas, de un argumento falaz porque nadie pone en duda que los planes de cooperación al desarrollo deben tener como objetivo, entre otros, propiciar el desarrollo de las regiones menos favorecidas, al objeto de promover, en la medida de lo posible, el derecho a no migrar de las personas que, ciertamente, no migrarían si en sus lugares de origen dispusieran las condiciones de poder desarrollar con dignidad su propio proyecto de vida. Eso es, precisamente, lo que preconiza el Pacto Europeo de Migración y Asilo que plantea, sin embargo, como premisa inicial, el reforzamiento de la protección de las fronteras.

No parece que la situación en la que viven los miles de inmigrantes actualmente en Ceuta, durante ya más de un mes, pueda considerarse una situación digna. Qué decir de la de los ceutíes que han visto seriamente alterada su vida sin perspectivas de recuperarla en un plazo de tiempo razonable. El Gobierno ha fracasado estrepitosamente y haría bien en asumirlo y reconocerlo para empezar a tratar el problema.

Lo que no cabe es que se apoye en un espíritu presuntamente (sólo presuntamente) humanitario para imponer a los ciudadanos la resignación, afirmando que no hay alternativa, lo cual es radicalmente falso. El reforzamiento de la protección de la frontera garantizando que no se vea forzada y mucho menos por el gran número de seres humanos que lo hicieron el pasado 30 de julio, no sólo es posible, sino que es, precisamente, además, una de las obligaciones más importantes e inexcusables del Gobierno de una nación. La resignación ante lo aparentemente inevitable no puede ser la única alternativa que ofrezca el Gobierno a los ciudadanos.

Las concentraciones en toda España del pasado miércoles, 2 de septiembre, día de Ceuta, fueron precisamente afirmaciones contundentes de una buena parte de los españoles contra la resignación.