Así que lo de la guerra híbrida era eso: lo que, entre atónitos y desconcertados, estamos contemplando en Ceuta. Una invasión de apariencia civil dirigida por oscuras fuerzas estatales –marroquís, naturalmente, aunque Sánchez, como Franco, hable de una conspiración judeo-comunista– que, como cuando lo del Sáhara, eluden el enfrentamiento armado. Esquivémoslo, de momento, pero no hagamos el idiota, como si aparentar ignorancia no agravara el problema y empleemos instrumentos constitucionales, como los estados de excepción y de sitio, con los que afrontar estas circunstancias extraordinarias en las que lo normal no funciona y que permiten –bajo control parlamentario y por tiempo limitado– suspender los derechos de los ocupantes de cualquier edad para expulsarlos en plazos perentorios, así como para dar un papel activo a las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden sin dañar el poder civil. Pero, con la lección aprendida, habría que ir más allá, planteando reformas legislativas que impidan que el país sea puesto en jaque a la primera de cambio. Por ejemplo, en materia de extranjería, para evitar que los participantes en hordas o grupos numerosos que violen las fronteras no puedan ser acreedores a derechos civiles y sociales. O también, vista la experiencia de Ceuta, para limitar el papel de las ONG a lo estrictamente humanitario y frenar su conversión en soporte de la turba asaltante. Añadamos a ello las obras de refuerzo de la línea fronteriza mediante la construcción de obstáculos permanentes, tanto en el medio marítimo como en el terrestre. Pero se puede ir más allá, actuando con «reciprocidad híbrida», mediante el establecimiento temporal de parsimoniosos controles en frontera sobre la circulación de personas y, sobre todo, de mercancías, para la comprobación del cumplimiento de todas las normas técnicas europeas; limitando el número de embarcaciones autorizadas al tránsito en el estrecho con destino a puertos españoles; o frenando las remesas de emigrantes. Mencionemos también la disminución del abastecimiento de gas natural con destino al país alauí; y también el bloqueo de su industria de automoción mediante la reducción de las ventas de partes y componentes. Claro que, para esto, se necesita el concurso de la Unión Europea y, sobre todo, una voluntad política que no abunda en el Gobierno de Sánchez.