Se está haciendo un caballito de batalla o un percherón con las medidas contra la precariedad laboral en España que quiere imponer Podemos a sus socios de Gobierno, o sea, con lo que unos quieren que sea abolición de la reforma laboral de 2012 y otros moderada reforma de la reforma. Como se hizo una cuestión de vida o muerte con los 15 euros que a finales de septiembre subió el Ejecutivo sanchista en el salario mínimo interprofesional. Uno, que no es economista, tiene la sensación de que asistimos a un falso debate en el que, por un lado, desde la derecha y la CEOE hay un cómodo empeño en parapetarse en una inercia conservadora que ignora la injusticia social de los bajos salarios y los contratos basura, mientras que, a su vez, desde la izquierda y los sindicatos, se está planteando la derogación total o parcial del real decreto-ley de febrero de 2012 como un correctivo no exento de revanchismo a la clase empresarial, ignorándose las dificultades reales que, en un tiempo de crisis, tiene ese colectivo para garantizar un empleo estable y justamente remunerado. Dicho de otro modo, lo deseable sería una política de empleo integral que tenga en cuenta a las dos partes (la contratante y la contratada o por contratar) sin hacer demagogia ni fácil electoralismo.

¿Por qué quienes hablan contra la reforma laboral de hace una década no se han planteado hasta ahora compensar las medidas que postulan a favor del trabajador con otras paralelas que favorezcan de modo cabal al patrono y hagan rentables esas políticas sociales? ¿Por qué no plantean reducir el coste del empleo; aligerar la gran carga fiscal a las pymes o eliminar toda la burocracia generadora de inseguridad jurídica? ¿Por qué ni se les ocurre reducir una legislación que hoy llega al millón de páginas anuales, y genera una normativa incumplible por elefantiásica, o hacer realidad esa demandada unidad de mercado dinamitada por la fragmentariedad reglamentista de las 17 administraciones autonómicas?

En lugar de hacer viable la contratación de calidad con alternativas pragmáticas y realistas, se busca el enfrentamiento, el castigo y la demonización del adversario ideológico, del empresario y de la propia generación de riqueza. Y así se habla de la dichosa reforma laboral de 2012 como si fuera una creación original del marianismo, cuando venía dictada por la misma Unión Europea que en estos días obliga a recular a Sánchez frente a Ione Belarra y a Yolanda Díaz, ambas atrincheradas en unas posiciones que recuerdan a los órdagos del populismo griego tras la crisis de 2007. Fue Cela el que dijo en los años 60 que «en España no ha habido Reforma, pero ha habido Contrarreforma». Seguimos en eso.