CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA 07/11/13
· La tensión política y las incertidumbres no suelen ser buenas para la economía. Y la economía catalana no es ninguna excepción.
Convivencia Cívica Catalana acaba de presentar a los medios de comunicación su informe, “El declive económico de Cataluña”, en que se señala cómo la economía catalana está perdiendo posiciones dentro de España. El estudio analiza la evolución de 10 variables económicas comúnmente utilizadas: empleo, PIB, consumo, vivienda, comercio exterior, inversiones extranjeras, deuda pública, creación de empresas, precios y nivel de vida.
Su análisis conjunto permite constatar una pérdida progresiva de posiciones de Cataluña respecto al resto de España desde el año 2005, año en que se inició con la reforma del estatuto de autonomía un periodo de dosis crecientes de tensión en la política catalana. Así, por ejemplo, el estudio subraya que en este periodo el *PIB per cápita*de los ciudadanos catalanes ha caído respecto al resto de españoles.
Y en Cataluña se han destruido el 24% de todos los *empleos perdidos* en España en estos años cuando solo representa el 16% de la población. De la misma forma, Cataluña ha dejado de ser la autonomía más *emprendedora*de España, papel que tradicionalmente había ocupado hasta la fecha. Cabe subrayar también que la *pobreza *se ha incrementado desde 2005 en Cataluña en un 40%, más del doble que el incremento constatado en el conjunto de España (15%). El estudio apunta que la creación de incertidumbres políticas suele tener un elevado *coste económico*. Difícilmente empresas alemanas o francesas instalarán su *filial española *en un territorio cuyos políticos amenazan con irse de España.
Y de la misma manera, industrias internacionales difícilmente visualizarán a Cataluña como una plataforma logística atractiva para introducir sus productos en la Unión Europea cuando Cataluña podría quedar excluida de ella. Convivencia Cívica Catalana considera que los políticos catalanes priorizan de forma poco reflexiva y desde hace demasiados años la *cuestión identitaria* a la resolución de los problemas reales de los ciudadanos y, en particular, de la economía. Y ello acaba pasando factura.