Comparar la actual crisis con una guerra no es ninguna exageración por la disrupción en nuestras vidas, su incierta duración y las terribles pérdidas personales y materiales. Una nación que afronta una guerra tiene tres grandes frentes que atender: la línea de combate, la reparación de los daños y la producción desde la retaguardia. El Gobierno ha llegado tarde y sigue demostrando ineficacia en los dos primeros y olvidado el último.

El combate lo libran en esta ocasión los científicos que buscan la vacuna. Si la encuentran, la guerra terminará, aunque quede una reconstrucción más o menos ardua; mientras, se acumularán las muertes y las semanas de parálisis. Sánchez les ha asignado 30 millones de euros: la cifra es tan ridícula que más aún que estrechez presupuestaria parece revelar una total falta de confianza en que nuestro país tenga nada que aportar en la búsqueda de la vacuna. No se trata de encontrarla solos por supuesto, pero para poder cooperar eficazmente con otros investigadores, en particular europeos, hace falta un apoyo mucho más decidido.

Además de la emergencia sanitaria, la subsistencia de muchas familias también está en riesgo. Los sectores obligados a la suspensión de actividad han trasladado una importante pérdida de negocio a todos los demás, provocando en pocos días la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y situado muchas empresas al borde de la quiebra. Algunas cifras para estimar lo que está ocurriendo.

La crisis de 2008 provocó una caída del PIB del 8% en España a lo largo de 6 años hasta que empezamos a remontar tras numerosos recortes. Ahora, una estimación no demasiado alarmista de dos meses en que la producción cae un tercio, otros dos remontando y un verano flojo en turismo, supondría que en cuestión de semanas nos habremos dejado el 10% del PIB de este año; y podría ser mucho peor si hay que volver a confinar periódicamente como anuncian muchos expertos.

La recuperación en V (remontar al nivel previo) que vende el Gobierno resulta desgraciadamente inverosímil porque esa caída de la producción y de los ingresos junto a los probablemente cerca de tres millones de empleos que se habrán destruido –si no revertimos las decisiones tomadas hasta el momento– no se conseguirán reactivar de la noche a la mañana. Es como quitarse una escayola después de tres meses, se tarda un tiempo en poder volver a correr. Por mucha liquidez que se inyecte para que las empresas no lleguen a quebrar, la reactivación va en cascada y será más lenta precisamente cuanto más abrupto haya sido el parón.

Solo para el primer mes de asistencia a esos millones de españoles que van a pasar apreturas económicas por el cierre de la actividad, Sánchez anunció que movilizaba una cifra sin precedentes: 200.000 millones de euros. Se trata de un anuncio propagandístico que en realidad debería poner en alerta a los ciudadanos: ¿si casi 20% del PIB se consume en un mes, qué va a ocurrir cuando se prolongue?

En realidad, la amplísima mayoría de ese dinero no es gasto como tal sino garantías respaldadas por el Banco Central Europeo para permitir hibernar contablemente a las empresas, pero lo grave es que no habrá ningún ingreso mientras la producción esté impedida y luego seguirán mermados hasta que la demanda se recupere.

Tan solo unos 8.000 millones de euros ha previsto el gobierno como auténtico gasto presupuestario: 900 en ayudas sociales que su vicepresidente Iglesias distribuirá a través de las comunidades, 1.500 en gasto sanitario, y el resto para el gasto adicional en prestaciones de desempleo.

Pero la realidad es que hará falta mucho más: casi tres millones de desempleados con una prestación media de 850 euros durante solo 6 meses serían ya 15.000 millones, mientras los ingresos fiscales caerán del orden de 20.000 millones de euros (como ocurrió de 2008 a 2009). Y el coste en sanidad y otros servicios públicos derivados de la emergencia subirá al menos hasta los 5.000 millones. En total, al menos 40.000 millones de euros imprevistos (similar a la anterior crisis, pero a un ritmo de semanas en lugar de meses).

Nos encontrábamos además entrando en un ciclo descendente y con un déficit que ya estaba al alza. Aunque a nivel europeo y nacional actuemos mejor y más rápido que en la anterior recesión, no puede ocultarse que es necesario –lo es ya, cuanto más se espere peor– reducir el gasto público y aumentar impuestos. No se deben aprovechar los indecentes comentarios del gobierno holandés para ocultar que el desdén de Sánchez por cuadrar las cuentas incluso en tiempos de bonanza es la primera causa que estrecha ahora nuestro margen presupuestario, y que las ayudas externas deben acompañarse de ajustes internos.

Para evaluar la magnitud de los recortes, recordemos que las primeras medidas que tomó el anterior presidente socialista (como reducir sueldos públicos hasta el 15% y congelar las pensiones) representaron tan solo 10.000 millones de euros y fueron ampliadas por el siguiente Ejecutivo con importantes subidas de impuestos.

Para que el Estado del bienestar adelgace un tiempo, pero no colapse, es necesario actuar con eficacia en el tercer frente: la retaguardia. Se trata en lo inmediato de asegurar los servicios esenciales y la alimentación, pero no hay actividad económica que sea despreciable porque todas están conectadas a través de cadenas de valor y porque quien sigue trabajando no necesitará ayudas, a la vez que gastará más y pagará más impuestos.

El coronavirus es un enemigo que golpea con singular efectividad en la retaguardia porque al forzarnos a distanciarnos e incluso confinarnos dificulta sobremanera la producción. No estamos hablando de mantener beneficios empresariales ni saciar excesos consumistas sino de estar en orden de marcha para seguir produciendo respiradores, mascarillas y geles, alimentos…

Lo que vivimos se parece mucho a una guerra, pero obviamente no lo es. Como el enemigo no es otro grupo humano sino la naturaleza, no es preciso guardar en secreto las estrategias con las que intentamos derrotarlo. A este rival invisible se lo puede vencer con total transparencia en las decisiones. Por eso, la política tiene que apoyarse en la ciencia, pero no esconderse tras ella.

Hay que hacer públicos como en otros países tanto los informes científicos como los escenarios que los políticos valoran en materia sanitaria y económica. Hay que responder a la prensa sin cortapisas y tratar a los ciudadanos como adultos, poniendo a su disposición datos y previsiones sobre la ocupación en los hospitales, letalidad por edades y patologías previas, personal sanitario y de servicios esenciales infectados, población inmunizada, caída de la actividad económica, despidos, etc.

Es normal que la primera decisión haya sido ponerse rápidamente a cubierto, intentar comprender cómo funciona el virus, medir nuestras fuerzas y desplegar con urgencia los primeros cuidados. Pero ahora es fundamental reforzar la retaguardia y en ese sentido ha sido un gravísimo error que el decreto aprobado por el gobierno no solo recoja los necesarios ERTE para las actividades forzadas al cierre (restaurantes, comercios, reducción de transporte público) sino que también agilice los que se produzcan por “causas organizativas” derivadas del coronavirus (¿qué no está afectado por la epidemia ahora?) con una vigencia que se extenderá no solo durante el estado de alarma sino mientras se “mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19”, un plazo que puede durar meses o años.

El Gobierno solo se ha dado cuenta del catastrófico error tras recibir millón y medio de ERTE y casi un millón de finalizaciones de contrato y su reacción ha sido aterrorizar a todos los actores económicos anunciando la nacionalización de facto del 100% de las empresas a través de un “prohibir despidos” que impúdicamente Podemos anuncia como “aprovechando el coronavirus”.

                Hace falta insistir más en el teletrabajo y en las medidas     preventivas en los trabajos presenciales

La medida sería absolutamente inconstitucional pues solo habría podido tener encaje sometiéndola previamente al Congreso para que la prórroga del estado de alarma admitiese tan amplio espectro de requisas temporales y prestaciones obligatorias, que en cualquier caso implicarían indemnización. En realidad el Gobierno intenta asustar porque no ha ido aún tan lejos, aunque sí ha introducido una discutible calificación como improcedente de todos los despidos derivados del coronavirus, que hará más costosos pero no evitará muchos despidos.

El Gobierno ha entendido muy tarde que lo de “congelar la economía” y descongelarla a base de avales con las empresas no funciona si entran muertas en el frigorífico. Lo que hace falta es insistir más en el teletrabajo y en las medidas preventivas en los trabajos presenciales, concentrando las ayudas en compensar la pérdida de productividad a cambio de obligar a las empresas a mantener los empleos (que no es lo mismo que prohibir despidos sin nada a cambio).

Será más eficaz subvencionar a muchas empresas para que se esfuercen varias semanas en producir cuanto puedan e ir adaptándose al nuevo escenario que arrastrar durante meses o años la recuperación de millones de empleos destruidos.

A los autónomos lo adecuado no es ayudarlos solo si su actividad se desploma el 70% (crea además la trampa de que si baja mucho la actividad pueda ser más rentable resignarse a terminar de caer bajo ese umbral), sino que se los ayude a todos exonerándolos de cotizaciones durante varias semanas.

A quienes tienen a su cargo niños pequeños o personas dependientes no basta con permitirles renunciar temporalmente al empleo, sino que debe facilitárseles una prestación aunque sea modesta. Y deben ampliarse inmediatamente las medidas para facilitar el descanso del personal sanitario y de servicios esenciales más expuesto, incluido el cuidado de sus hijos.

Para cuando se alcance el pico de enfermos y se haya superado el desbordamiento de los hospitales, hay que tener preparada y explicada una fase donde progresivamente se vayan recuperando empleos presenciales aunque sea con restricciones: abrir colegios –aunque no se preste docencia normal– inicialmente para los hijos del personal sanitario y luego de otros servicios, comercios y restaurantes que puedan asegurar la distancia entre los clientes, etc.

En cuanto haya margen suficiente, urge que los hogares con personas jóvenes y sanas vuelvan a su vida normal

Se debe levantar pronto la suspensión de plazos administrativos (puede empezarse por decidir que avanzarán a un ritmo de un día administrativo por cada dos hábiles), ya que es la savia por donde circula una parte significativa de la actividad del país. Así, en cuanto haya suficiente margen en los hospitales para atender a los que lo requieran, será importante recuperar muy rápido que los hogares donde solo haya personas jóvenes y sanas vuelvan a su vida normal: para avanzar en la inmunidad de grupo y para que la economía se reactive.

De esta manera el gasto público podrá concentrarse en mantener la absoluta protección a los mayores (¿de 65 años?) y otras poblaciones vulnerables para que todos puedan permanecer aislados más semanas hasta que la curva esté completamente bajo control.

Cada ciudadano merece y el conjunto de la Nación necesita mucho más que elogios a la capacidad de aguante. Se requiere debate político y liderazgo para mostrar que hay una estrategia sólida para una contienda que al menos durará varios meses y que quizá suponga que algo tan elemental como la libertad de circulación quedará alterada por mucho tiempo.

Es importante ir pensando que el mundo será distinto después del coronavirus (cobra fuerza la idea de la renta básica) pero sobre todo urge decidir y explicar cómo vamos a abordar estos meses de guerra, organizando con eficacia y justicia la retaguardia para resistir una crisis que no se ha vivido en décadas.

El Gobierno reclama unidad en forma de apoyo ciego (una especie de gobierno de concentración donde las carteras ministeriales solo las tienen PSOE y Podemos y los demás callan) pero no lo demuestra con el ejemplo. No basta con que Sánchez se estrene por conveniencia con discursos sobre el gran país que es España.

El PSOE debe cesar las guerras ideológicas haciendo de oposición de la oposición (llegando a criticar si comerán pizza una vez a la semana los niños a los que la Comunidad de Madrid sigue proporcionando alimentos durante la crisis), el politiqueo en temas tan graves (colar que Iglesias supervise el CNI en medio de un texto sobre el estado de alarma), la humillación a todos los ciudadanos que sufrimos la parálisis del país al priorizar los indultos por ser “de interés nacional”, mientras permite que Torra insulte a unos y confunda a otros.

Debe quedar claro si el Gobierno aprovecha para que parezca inevitable la revolución destituyente del ‘régimen del 78’

Dada la urgencia de la situación, no merece la pena detenerse en cómo hemos llegado hasta aquí –tiempo habrá para que los ciudadanos y quizá los jueces lo examinen– pero sí es importante tener claro que para muchos españoles lo ocurrido hasta ahora acrecienta el temor de que se siga fallando. Mantener las restricciones de movimiento y la coordinación sanitaria del estado de alarma es aún necesario pero los decretos económicos aprobados son sin embargo ampliamente desacertados y es preciso corregir el tiro.

La oposición constitucionalista tuvo que tragar con su convalidación el pasado miércoles porque tumbarlos habría creado un vacío aún más grave, pero el Gobierno sigue sin dignarse a consultarlos y agravó este viernes la situación con sus confusas y desacertadas medidas sobre los despedidos.

¿No hay nada que hacer? Sí, la oportunidad es clara: de un lado, aprovechar la tramitación como proyecto de ley urgente que decidió el Congreso precisamente del decreto-ley de los ERTE y, por otro lado, oponerse al nuevo decreto-ley de “prohibir los despidos”, para así exigir que la siguiente prórroga del estado de alarma que probablemente volverá a ser necesaria se haga de manera consensuada incluyendo las cuestiones económicas, sociales y laborales. Es necesario obligar al Gobierno a dejar claro si quiere que superemos esta crisis juntos repartiendo esfuerzos o si está aprovechando para que parezca inevitable la revolución destituyente del régimen del 78.

La oposición constitucionalista debe respetar la legitimidad del gobierno para tomar la iniciativa operativa pero en ningún caso renunciar ni a su papel de control (censurado por Sánchez y sus socios al suspender los plazos para tramitar preguntas) ni a que el trámite parlamentario alumbre debates y acuerdos amplios para acertar en las decisivas medidas que ir adoptando. El cheque en blanco valía solo para el primer cubo de agua, ahora que sabemos que estamos ante un gran incendio y que el Gobierno lo está avivando por su incompetencia, es preciso que sea en la sede de la soberanía nacional donde se decida la respuesta.

Cada vez más españoles ven claro que la respuesta que requiere este drama pasa por un ejecutivo de unión nacional pero, en cualquier caso, el actual presidente no debe olvidar que la misma lealtad debe la oposición al gobierno que el gobierno a la oposición.