FLORENCIO DOMÍNGUEZ, LA VANGUARDIA 09/01/13
La dilación indebida en los procedimientos penales transmite un mensaje poco ejemplarizante a la sociedad.
En una punta del mapa, en Galicia, la justicia abre un sumario por presunta corrupción contra un dirigente político, el expresidente de la diputación orensana José Luis Baltar, del PP. Se le acusa de la colocación a dedo en la administración de un centenar de familiares de militantes de su partido, en un episodio que, si se confirma, sería de puro caciquismo decimonónico.
El caso de Baltar es lo más parecido al sucedido que se cuenta de Natalio Rivas, diputado granadino de finales del siglo XIX, que tras ser reelegido para el cargo recibió un telegrama de un alcalde de su distrito con un significativo mensaje: «Don Natalio, colóquenos a todos». Se desconoce si don Natalio logró colocar a sus paisanos y, sobre todo, a tantos paisanos como a los que supuestamente ha enchufado el señor Baltar.
En la otra esquina del mapa, en Catalunya, llega a su fin otro sumario de presunta corrupción, el caso Pallerols, en el que se juzga la desviación de dinero público de manera fraudulenta a bolsillos privados y de un partido, UDC.
Son dos episodios más de corrupción en la gestión del dinero público, de prácticas irregulares cometidas por responsables de todos los colores políticos. Cuanto mayor sea el poder que tengan unas siglas, más posibilidades de que aparezcan en sus filas los que son incapaces de resistirse a la tentación de aprovechar ese poder en beneficio propio.
Frente a estos comportamientos, la defensa más eficaz de la sociedad es la existencia de controles externos: la presencia de ciudadanos dispuestos a denunciar las irregularidades que conozcan, la actuación de medios de comunicación que dejen constancia pública de ese tipo de episodios y, sobre todo, la actuación judicial para establecer responsabilidades penales. Sin embargo, cuando la maquinaria judicial tarda 16 años en tramitar una investigación, como ha ocurrido con el caso Pallerols, no sólo no está siendo diligente, sino que transmite un mensaje poco ejemplarizante hacia la sociedad. La dilación indebida en los procedimientos penales termina jugando en favor de los acusados.
El mejor mecanismo de control de la corrupción tendría que ser la propia sociedad mediante actitudes de rechazo claro, un rechazo que debería expresarse tanto en el ámbito del reproche moral como a la hora de votar. Sin embargo, esto no ocurre. No se castiga en las urnas a quienes se ven implicados en episodios de corrupción y por eso los partidos no se muestran diligentes a la hora de castigar internamente a esos políticos. Saben que no van a pagar un precio si los mantienen. Si son de los nuestros, se mira hacia otro lado o se considera un pecado venial.
La razón última de que se prodigue la corrupción es que no hay en la sociedad un comportamiento consecuente que refleje el rechazo claro de las actuaciones ilícitas.
FLORENCIO DOMÍNGUEZ, LA VANGUARDIA 09/01/13