Corrupción y extravío

«Así ha llegado hasta este punto de su viaje a ninguna parte el nacionalismo catalán: con sedes embargadas, sentencias infamantes, y un informe del fiscal de inusitada dureza»

Corrupción económica y extravío político son las Escila y Caribdis del nacionalismo catalán en su precipitado viaje a la Ítaca independentista. Cuando tratan de esquivar la una, amenaza la otra. A ver cómo sale del trance nuestro Ulises, si es que sale. Si yo tuviera la afición de Mas por la párvula analogía mitológica, le pintaría a Zeus con cara de Jordi Pujol. Un Zeus caprichoso que unas veces da en favorecerle y otras lo olvida, olímpico. Pero no quisiera contribuir a estimular el mal de metáfora, no vaya a ser que me lean en Palau.
Los casos de corrupción que ensombrecen la trayectoria de Convergència y de Unió (que cada cual tiene lo suyo) son antiguos y numerosos, y presentan nombres propios que se repiten a lo largo de las décadas, como en una galería de patriotas de albañal. Busquen. Desde Banca Catalana y Casinos de Cataluña hasta las ITV y el Palau de la Música, pasando por Planasdemunt y el Institut Català de Finances, Pallerols, el Institut Català de la Salut y Pretoria. Por señalar algunos de los casos más vistosos, de diferente destino procesal. Desde el pulso perdido en los años ochenta por los fiscales Mena y Villarejo, que terminó en una apoteosis pujolista, hasta el informe que acaba de presentar al juez el fiscal anticorrupción, el ministerio público ha librado en Cataluña una larga batalla contra los vicios de un régimen. Ha enfrentando obstáculos que parecían insalvables, como el encastillamiento del establishment en torno a sus benefactores, el silencio acomodaticio de los medios locales y el capricho de la aritmética parlamentaria española, cuya intermitente necesidad de complementos nacionalistas graduaba la intensidad del trabajo de fiscales jerarquizados y sometidos de facto a los gobiernos centrales de turno.
Así que quizá no resulte casual que la gran caída en desgracia de Convergència y de Unió coincida con una España amenazada en su integridad por el «proceso soberanista» de Mas, con una mayoría absoluta del Partido Popular y sin visos de recuperación de su alternativa socialista, con una fiscalía más libre (sin serlo del todo) de lo que lo ha sido jamás, con una judicatura más decidida que nunca a llevarse por delante a los políticos corruptos, con una sensibilidad social particularmente aguzada por el azote de la crisis y el descrédito de l os políticos percibidos como problema, con una caída en el ostracismo de personajes que se consideraban intocables (lo que certifica el fin de la impunidad), y por la creciente actividad crítica de los medios de comunicación locales, una ventura que es causa y efecto de todo lo anterior.
Así ha llegado a este punto de su viaje a ninguna parte el nacionalismo catalán, con sedes embargadas, responsabilidades pecuniarias directas, sentencias infamantes y, de repente, un informe del fiscal sobre el caso Palau de inusitada dureza: «acuerdo criminal», dice, entre Convergència y la empresa Ferrovial (adjudicataria, entre otras obras, de la Línea 9 del Metro de Barcelona y de la Ciudad de la Justicia). Seis millones seiscientos mil euros en comisiones al partido. Hace años, o incluso meses, un coro mediático habría roto a cantar en defensa del partido de Mas y trabajaría en la demonización del fiscal anticorrupción para transmutar el asunto en «un nuevo ataque a Cataluña». Pero algo sustancial ha cambiado. Nada de eso está sucediendo, del mismo modo que nadie mordió el anzuelo del hoy proscrito Oriol Pujol cuando quiso reeditar la exaltación patriótica que siguió al caso Banca Catalana. ¿Qué ha variado? El extravío político, que entonces no concurría y que hoy está disolviendo a Convergència como un azucarillo.