Al cabo de tres décadas de sistema constitucional, el derecho a recibir una educación de calidad sigue sin ser percibido como una cuestión prioritaria por las fuerzas políticas. Urge un pacto de mínimos para un modelo educativo ajeno a los vaivenes electorales: su falta es uno de los motivos del inexorable deterioro de la enseñanza.
El ministro Ángel Gabilondo y la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, representan la imagen más serena de Gobierno y oposición, respectivamente. Ninguno de ellos incurre, por lo general, en esa barata exaltación mitinera que suele poseer al político profesional en cuanto lleva unos meses exponiéndose a las cámaras. Su verbo es medido y preciso, y desde su mismo continente trasladan una sensación de sosiego y reflexión que muchos ciudadanos desearían ver más extendida entre nuestros dirigentes. Están, pues, en una situación inmejorable para encarnar esas posiciones de sus respectivas formaciones que pueden suscitar el asentimiento del contrario. Con lo improbable que eso es, en este país especializado en ventilar la diferencia a golpe de improperio o de goyesco garrote.
Quizá por todo ello resultó especialmente descorazonador verlos a ambos, la semana pasada, certificando en nombre de sus respectivos bandos la defunción del pacto educativo que, hemos de creer, venían intentando en los últimos meses. De seguir la versión dada por el ministro, el fracaso se debe a la intransigencia del PP. El relato de Cospedal es justo el opuesto: el Gobierno se habría obstinado en blindar aquellos aspectos del sistema actual que le son más queridos y que en opinión de los populares son el motivo de su persistente fracaso. No entran en muchos más detalles, dejando así que los partidarios acérrimos de cada uno culpen al contrario, y arrojando sobre los ciudadanos que mantienen (o se esfuerzan en mantener) una visión desde la independencia crítica, la sospecha de que a ambos les ha faltado la generosidad necesaria para acercar posturas en este asunto crucial.
En todo caso, una cosa es segura: al cabo de tres décadas de vigencia de nuestro sistema constitucional, el derecho de todos a recibir una educación de calidad sigue sin ser percibido como una cuestión prioritaria por las fuerzas políticas. Si realmente lo fuera, sus negociadores, como han hecho en otras ocasiones (la última, para pactar las fusiones de las cajas), se encerrarían con el mandato ineludible de alcanzar un acuerdo. Así fuera uno de mínimos, sobre el que poder construir un modelo educativo ajeno a los vaivenes electorales: eso que en estos treinta y tantos años no hemos tenido, y cuya falta es sin duda uno de los motivos de que la enseñanza se haya precipitado por una pendiente de inexorable deterioro. Unos y otros deberían reflexionar sobre las razones por las que un 40% de nuestros jóvenes, apeados por la crisis de sus empleos sin cualificación, se ve abocado al paro. Otro gallo cantaría si se los hubiera formado mejor.
Lorenzo Silva, EL DIARIO VASCO, 11/5/2010