EL MUNDO 18/02/14
· Las víctimas del terrorismo han puesto cara y nombre a los que consideran que son los máximos responsables del «genocidio» etarra. Ternera y Otegi, en el punto de mira.
En la denuncia que ayer presentaron ante el fiscal del Tribunal Penal Internacional, en La Haya, por crímenes de lesa humanidad, aportan el nombre de 10 de los máximos responsables de las estructuras etarras, tanto políticas como –mal llamadas–militares. Y ponen en el primer peldaño de este macabro organigrama al que fuera número1 de ETA, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, y al que ha sido el máximo responsable del «brazo político de ETA», Arnaldo Otegi. Uno huido y el otro en la cárcel.
Josu Ternera, indican los denunciantes de Covite, está buscado por la Justicia por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas (seis de ellas niños). «Negociador en 2005 entre ETA y el Gobierno, nunca ha sido reclamado como superior» de las actuaciones y de la política de sangre de la banda.
Otegi: «Alto responsable del brazo político de ETA (Batasuna) en 2002, cuando se cometieron, entre otros crímenes, 53 asesinatos (51 en grado de tentativa y dos consumados)». Constatan el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola, de 4 de agosto de 2002, contra familiares de los guardias civiles. Allí murió una niña de seis años, Silvia, hija de Toñi Santiago, una de las integrantes de la delegación de Covite que ayer se desplazó a La Haya para presentar la denuncia. Tampoco ha sido juzgado como superior. Recuerda Covite, que además, añade que Otegi también tuvo un papel de negociador.
El tercero del ranking es también para un cargo de los denominados ‘políticos’: Joseba Permach. El cuarto es el otro integrante de la trama política, Pernando Barrena. Los dos últimos siguen ocupando un primer plano en la estrategia política de la izquierda abertzale. Otegi está, por ahora, en prisión.
Covite incluye en la lista de los que han dirigido la organización etarra en su «genocidio» a los destacados miembros de ETA: José Luis Eciolaza, Dienteputo; Tomás Elorriaga, Teo; Juan Cruz Maiztiegui Bengoa, Pastor; Eusebio Arzalluz, Paticorto; Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá. Estos dos últimos se presume que son los actuales responsables de lo que queda de ETA.
«Si bien reconocemos la existencia de investigaciones y casos abiertos en el sistema judicial, nuestro acercamiento a la Administración de Justicia nos lleva a la conclusión de que no se ha investigado ni perseguido convenientemente a los más altos responsables y a los ideólogos, limitándose la mayor parte de las veces a atentados concretos y a la búsqueda de autores materiales, como si de hechos aislados se tratara».
Covite asegura que tanto el Gobierno de Euskadi como tribunales y altas instituciones (comisario Europeo de Derechos Humanos) «han calificado los crímenes de ETA como delitos de persecución y de traslado forzoso por motivos políticos y discriminatorios, empleando métodos violentos de coacción y amenazas, que afectaron masivamente a la población y fueron cometidos por ETA-Batasuna (y otros grupos de la izquierda abertzale pertenecientes a ETA), es decir, como crímenes imprescriptibles de lesa humanidad».
Para Covite, según denuncia en su escrito presentado hoy en La Haya, los «ejemplos de impunidad real» sobre aquéllos que han dirigido ETA son constantes. Y denuncia que de esa impunidad «se han estado beneficiando los más altos responsables» de la estructura etarra, y se han beneficiado «ya sea por el ‘contexto de negociaciones’, ya sea por falta de voluntad o incapacidad del Estado». «Ningún alto responsable de los que se enumeran ha sido investigado o enjuiciado por crímenes de lesa humanidad», recuerdan en la denuncia.
Reclaman que se incorporen a la causa las actas de la negociación entre el Gobierno de Zapatero y ETA. Porque entienden que el Gobierno «sólo podía iniciar con altos responsables unas negociaciones para un proceso de paz que culminara en treguas o ceses de crímenes; es decir, con miembros que ostentan un grado de control y responsabilidad suficientes».
La izquierda abertzale, por boca de la portavoz de Sortu, Amaia Izko, arremetió contra las víctimas de Covite. Acusó a este colectivo de ser una «auténtica terminal política de los sectores que apuestan por la venganza». A juicio de los abertzales, sólo pretenden buscar la «venganza» para «garantizar el escenario de la no-solución», con lo que se sitúan «en las antípodas de lo que anhela y reivindica la mayoría social de Euskal Herria».
EL MUNDO 18/02/14