ABC 15/07/13
Se agrava la presión de sectores radicales sobre los detractores del soberanismo «oficial»
Nunca fue fácil discrepar del soberanismo oficial en Cataluña, arropado por un aparato mediático en el que no abunda la diversidad ideológica. Pero en los últimos meses, la polarizada división entre independentismo y unionismo, pues el actual discurso político no admite matices, se ha traducido socialmente en una evidente división que algunos definen ya como ruptura social.
El tiempo dirá si las recientes agresiones cometidas por radicales independentistas contra personas que han denunciado su caso a ABC, son un síntoma o un hecho aislado. La agresividad que se detecta en las redes sociales, así como las amenazas sufridas en persona inducen a las víctimas a pensar que esa crispación puede ir a más y que «esto no ha hecho más que empezar». Hay quien culpa a CiU y ERC de fomentar ese ambiente de crispación. De hecho, hace tiempo que ambas formaciones, socias en el proceso de transición hacia la independencia de Cataluña, no condenan determinados ataques, como el que el pasado viernes sufrió la sede de Ciudadanos en Barcelona, o los que han ido dirigidos, ya desde hace bastantes años, contra el PP.
Ambos partidos han denunciado con contundencia la pretensión del Ejecutivo catalán de crear un fichero de adhesiones a su acción de gobierno —ahora reformulado por la Generalitat ante las críticas recibidas—, lo que a su juicio, divide a los catalanes entre «buenos y malos». Una iniciativa que ambas formaciones relacionan con las millonarias subvenciones públicas a entidades que apoyan el «derecho a decidir» y con la web que la Generalitat ha abierto para que, a título particular, los catalanes puedan sumarse.
Motivos de seguridad
La celebración del tricentenario de 1714, fecha icónica del soberanismo catalán, hace prever un posible incremento de esos ataques contra detractores del discurso oficial el año próximo. De hecho, el traslado de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, de su domicilio particular a un palacete que la mayoría de sus predecesores ocuparon, se debe a un informe de la Policía Nacional que aconseja ese mudanza por motivos de seguridad; es decir, para evitar incidentes en un futuro.