Editorial-El Correo
Los continuos reproches del Gobierno y sus socios contra jueces y fiscales han encendido las alarmas en el Poder Judicial. Así lo evidenciaron ayer la presidenta del CGPJ y la fiscal general durante sus discursos en la apertura del año judicial. Teresa Peramato, nombrada por el Ejecutivo, advirtió de que la crítica legítima no puede ser sustituida por la descalificación sistemática; y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, calificó de extraordinaria gravedad las acusaciones generalizadas. Con estos argumentos, buscaron contrarrestar las críticas de ministros y políticos sobre la presunta motivación partidista de varios procesos clave. Entre ellos, la investigación de la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta, las medidas cautelares contra la ‘ley de nietos’ y las causas que afectan a David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y esposa del presidente. El Gobierno sigue ignorando las advertencias del Poder Judicial. Apoyar la tesis del ‘lawfare’ y dividir a los jueces en ‘buenos y malos’ solo logra erosionar la confianza en una institución que ofrece instrumentos legales para defenderse o recurrir una sentencia. Pretender controlar la Justicia es una línea roja en democracia. Como subrayó Perelló, sin independencia se difumina el Estado de Derecho.